CC.OO. estima que el año pasado se han firmado 3.000 contratos menos en la Administración autonómica y se han perdido entre 500 y 600 empleos en los ayuntamientos de la región, según datos extraídos a partir de la EPA (Encuesta de Población Activa) del tercer trimestre de 2011.

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de

Cc oo, Javier Báscones, en la jornada informativa celebrada este viernes en el sindicato sobre el impacto en el sector público de los últimos recortes aprobados por el Gobierno de España.

En este jornada, que ha contado con la participación de más de 70 delegados y responsables sindicales de las diferentes administraciones públicas, CC.OO. ha denunciado que detrás de estas medidas, contenidas en el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, "se esconde una preocupante campaña de desprestigio de lo público que poco a poco está calando en la ciudadanía y con la que al final lo único que se pretende es trasferir servicios públicos al sector privado".

A juicio de Báscones, los empleados públicos llevan "demasiado tiempo" viendo cómo empeoran "a golpe de ley" sus condiciones de trabajo y derechos laborales, a pesar de que el empleo público ha crecido en estos últimos años "a mucho menor ritmo" que en el sector privado.

Así, el dirigente de CC.OO. ha asegurado que "mientras que durante el periodo de bonanza económica comprendido entre 1996 y 2008 el empleo en el sector privado creció un 5,44%, el público lo hizo solo en el 2,44%".

Además, ha precisado que los datos de la citada EPA reflejan una "caída" del empleo público en España del 2,66%, "lo que se ha traducido en unos 84.000 empleos públicos menos, de los que aproximadamente 35.000 corresponderían a los ayuntamientos".

MEDIDAS

Para hacer frente a este "sistemático" recorte de lo público, Báscones ha apostado por buscar alianzas con otras organizaciones para conseguir una "mejor" defensa de los servicios públicos, así como por mejorar el modelo de fiscalidad, potenciar la lucha contra el fraude y "racionalizar los servicios públicos, pero con transparencia".