El portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, ha considerado que la sentencia del Tribunal Supremo que inhabilita al juez Baltasar Garzón es "una sentencia razonada, razonable y ajustada a los parámetros que establece el texto constitucional", si bien ha estimado que es necesaria una reforma "urgente e inaplazable" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y terminar con "el déficit de regulación en materia de intervención de comunicaciones".

En rueda de prensa en un céntrico hotel de Zaragoza, donde se ha reunido la Comisión Permanente de Jueces para la Democracia, Ramírez ha observado que, independientemente de que se pueda discutir el contenido de la sentencia "o haya discrepancias jurídicas por si se ha utilizado un criterio demasiado estricto en materia de interpretación del tipo de prevaricación o no, es evidente que se trata de una sentencia razonada, razonable y ajustada a los parámetros que establece el texto constitucional", ha recalcado.

Asimismo, Ramírez ha remarcado que "podemos discrepar o no" con la sentencia pero "se ajusta a los parámetros establecidos" y ha comentado que "no es inusual" que los tribunales juzguen a jueces por prevaricación.

En todo caso, este colectivo ha advertido de que España debe solucionar el "déficit de regulación en materia de intervención de comunicaciones o en cualquier otra medida cautelar inherente en derechos fundamentales" y ha señalado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal "tiene una regulación muy deficiente, pésima", por lo que se hace necesaria "una reforma urgente e inaplazable".

En este mismo sentido, ha advertido de que "no podemos perpetuar un modelo como el actual en el que hay situación paradójica, esquizofrénica, y es que la misma persona que investiga hechos delictivos al mismo tiempo tiene que garantizar los derechos de la persona investigada".

Por último, ha observado que en casos de corrupción política y económica, "con independencia del resultado de los procesos judiciales, debe distinguirse entre la responsabilidad política y la penal, porque una cosa es que un acusado de corrupción sea declarado no culpable y otra cosa es que eso no genere una responsabilidad política".