El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un gasto de 920.371 euros para subvencionar a los Colegios de Abogados y Procuradores de La Rioja por la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita a lo largo de este año 2012.

El consejero de Presidencia, Emilio del Río, ha concretado que las actuaciones profesionales que se subvencionan son las relativas al turno de oficio, asistencia letrada al detenido, violencia de género y gastos de infraestructuras justificados, cuando tengan por destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Este precepto es de aplicación en las comunidades autónomas que hayan asumido el ejercicio efectivo de competencias en materia de provisión de medios para la administración de justicia. En el caso de La Rioja, el traspaso de competencias está recogido en el Real Decreto 1800/2010, de 30 de diciembre.

La asistencia jurídica gratuita para ser solicitada por: ciudadanos españoles y extranjeros residentes en España; nacionales de Estados miembros de la Unión Europea; asociaciones de utilidad pública; y fundaciones.

Los requisitos económicos que deben cumplir los solicitantes son los siguientes: se reconocerá el derecho a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos de la unidad familiar (cónyuge o pareja de hecho e hijos menores) no superen el doble del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM); Que no existan signos externos de capacidad económica (propiedades inmobiliarias, vehículos, terrenos, inversiones, etcétera).

Si los ingresos del solicitante superan el doble del IPREM la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá conceder el derecho excepcionalmente en atención a circunstancias particulares como el número de hijos o familiares a su cargo, estado de salud, obligaciones económicas, discapacidad. En ningún caso los recursos o ingresos de la unidad familiar pueden exceder el cuádruplo del IPREM.

El balance del servicio de asistencia gratuita correspondiente a 2011 revela que se presentaron 3.876 solicitudes y se resolvieron 3.872, de las cuales se estimaron 3.305, cifra que representa un 85,4% del total, mientras que 567 fueron desestimadas.

De las solicitudes estimadas, 1.768 corresponden al orden Penal; 1.173 al Civil; 153 al Penal; 68 al Contencioso-Administrativo, mientras que 143 resultaron solicitudes de carácter administrativo. El informe revela también que todas las solicitudes estimadas, un total de 3.305, implicaron la designación de abogado y 1.685 también precisaron un procurador.