El juez Baltasar Garzón, condenado este jueves por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por intervenir las conversaciones de varios de los imputados en el caso Gürtel y sus abogados, ha rechazado "frontalmente" la sentencia y ha anunciado que la recurrirá.

Sin embargo, el juez no aclara ante qué instancia lo hará. Su abogado, Francisco Baena Bocanegra, ha señalado que el juez estudia acudir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En una nota remitida a los medios de comunicación, Garzón asegura que la sentencia no está sustentada en pruebas ni razones jurídicas y que "elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España".

Garzon denuncia que la sentencia no se ajusta a derecho, que le condena de forma injusta y predeterminada y subraya que a lo largo de toda su carrera ha cumplido siempre con rigor las normas y ha defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.

"He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho siempre con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía", asegura.

A esto añade que su actuación en el "caso Gürtel" se ajustó a la ley y que tomó todas las medidas legales para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de contundentes indicios y para evitar "la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como habían hecho antes, a los abogados".

Tras denunciar que se le ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y que el Supremo ha prescindido de la implicación y participación de los abogados en la trama Gürtel, Garzón anuncia que acudirá a las vías legales que correspondan "para combatir" la sentencia y que ejercerá todas las acciones pertinentes "para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores" de la misma han cometido.

Según Garzón, a lo largo del procedimiento, se han violentado sus derechos sistemáticamente, sus peticiones de defensa han sido desatendidas y el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra él "para poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses".

Asimismo, califica como una aberración que la resolución para justificar la condena explique que el hecho de que Garzón, en el auto en el que ordenó intervenir las comunicaciones de los imputados en el caso Gürtel en prisión y sus abogados, incluyera una cláusula para hacer prevalecer el derecho de defensa revela que sabía que su resolución afectaba a ese derecho.

"La sentencia no dice en ningún momento cuál es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice, sencillamente, porque no existe. Lo inventa", resalta.

Además, insiste en que la resolución falta a la verdad cuando dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho: "personalmente me cuidé de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal", concluye Garzón.