Una funcionaria de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid acusada de facilitar, a cambio de entre 2.000 y 5.000 euros, documentos falsos a veinte extranjeros para que pudieran conseguir permisos de residencia, ha reconocido este miércoles los hechos pero ha alegado que fue porque estaba acuciada por deudas.

En el primer día del juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial, Ana María L.V. ha asegurado que se arrepiente de todo y que "siente mucho" haber llegado hasta "aquí".

La mujer ha resaltado que llevó a cabo los hechos por las deudas que tenía, entre ellas, el pago de una hipoteca y las intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido para perder peso. Por ello, se enfrenta a una pena de doce años de prisión por los delitos continuados de falsedad documental y cohecho.

El Ministerio Público señala en su escrito provisional que Ana María L.V., alteró hasta en treinta ocasiones los datos informáticos de inmigrantes para facilitarles la obtención de permisos de residencia y cobró alrededor de 60.000 euros.

Ana María L.V., ha recordado que entre 2005 y 2007 trabajaba como auxiliar administrativa para el Ministerio del Interior en la Brigada de Extranjería madrileña y que realizó "trámites irregulares para extranjeros" que consistieron en modificar o recoger documentos, necesarios para la obtención del permiso de residencia, sabiendo que éstos eran falsos.

En el banquillo de los acusados también se sientan otras tres personas -Lester Donnie M.L., Virgilio S.L. y Ashley H.P.-, de nacionalidad venezolana, dominicana y cubana, respectivamente, por supuestamente captar a los ciudadanos extranjeros.

Para ellos, el Ministerio Público solicita una pena de cinco años de prisión por un delito de cohecho, aunque sus letrados han negado "la colaboración activa" con la funcionaria por desconocer su cargo, y "la voluntad de lucrarse".

En cuanto a la quinta procesada, Alejandra L.P., a la que también se pide 5 años de cárcel y que es una abogada experta en temas de extranjería, su letrado ha dicho que no existen pruebas que la incriminen como intermediaria de los inmigrantes haciéndoles creer que la entrega del dinero era un requisito necesario