Los sindicatos de función pública han avisado a la Xunta de que no se sentarán a negociar si antes el Gobierno gallego no ha retirado su propuesta y han reclamado que se reinicie el proceso "desde el principio" en las mesas negociadoras.

Las cuatro organizaciones —CIG, CC.OO., UGT y CSI-CSIF— reclamaron el martes la retirada del anteproyecto de ley de medidas de empleo público, tras lo que la conselleira de Facenda, Elena Muñoz Fonteriz, ha dicho esta mañana que las medidas se mantendrán y ha pedido a los sindicatos que acepten negociar.

"El proyecto vulnera en sí mismo, al ser una modificación por ley de un convenio colectivo —el que rige para el personal laboral—, el sistema de negociación colectiva. No podemos negociarlo", ha resumido el representante del CSI-CSIF en la administración autonómica, Juan Carlos Rivas.

Los cuatro sindicatos han incidido en que su postura seguirá siendo la de que el Gobierno debe retirar su texto y que este jueves presentarán el escrito en el registro, tras asistir a una concentración en San Caetano. No obstante, han insistido también en que, una vez hecho ese gesto, sí están dispuestos a negociar.

El representante de la CIG en la administración autonómica, Fernando García, ha señalado que la actitud de los representantes de los empleados públicos "nunca fue negarse a negociar medidas de racionalización del gasto", pero ha criticado que el Gobierno gallego quiere "recortarlo todo en gastos de personal". "Hay muchos sitios en los que se puede racionalizar", ha afirmado y se ha referido, en concreto, a asistencias técnicas, los asesores políticos y el personal de gabinete.

Además, García ha augurado que el Gobierno autonómico "tendrá que dar marcha atrás por el malestar de los trabajadores", entre los que se aprecia, en las asambleas que se celebran estos días, "un rechazo masivo" a las medidas y "ánimo de huelga" en algunos casos. "La indignación de la gente nos hace pensar que habrá una oposición brutal; nunca hubo asambleas tan multitudinarias", ha dicho.

Por su parte, el representante de CC.OO., Ramiro Otero, ha tachado de "irresponsabilidad" que Facenda no presente alternativas distintas que no sean "atacar la diana de los empleados públicos". "Pedimos responsabilidad al Gobierno gallego y que gobierne", ha reclamado y ha insistido en que la respuesta será "contundente".

En las asambleas, ha continuado, los trabajadores "participan activamente" y "hay gente" que pide una huelga. Sobre este asunto ha apostado por ser "cauto", aunque ha reiterado que no está descartado un paro. Por ello ha dicho a la Xunta que "si se retiran las medidas", se sentarán a negociar.

"dentro de lo esperado"

Para el responsable de administración autonómica de UGT, José Vázquez, la postura del Gobierno gallego de mantener su propuesta está "dentro de lo esperado". "Están en su derecho de mantenerla", ha apuntado y ha recordado que los sindicatos están "dispuestos a escuchar", pero no a aceptar el texto presentado.

"Habrá un conflicto", ha asegurado y ha censurado la postura "maximalista" de la Xunta. Sobre la posibilidad de una huelga, ha indicado que explorarán antes otras vías para presionar y evitar convocar un paro. "Pero no lo descartamos", ha insistido.

Por su parte, Rivas, de CSI-CSIF, ha incidido también en que los responsables de función pública "tenían que haber convocado la mesa" de negociación antes de presentar sus propuestas y "nunca" plantearlas con "una amenaza y una imposición". "Aplican el rodillo de la mayoría del PP en el Parlamento", ha recriminado, en alusión a que la reforma se presenta como una ley.

Por su parte, CSIF ha preparado una serie de propuestas "reales" para ahorrar "80 millones y más que esos millones" mediante la eliminación de gasto "superfluo". "La primera medida es eliminar las subvenciones a los partidos políticos y a los empresarios —a las confederaciones y asociaciones, no a las empresas— y también a los sindicatos; estamos dispuestos", ha afirmado.