La patronal de la industria farmacéutica 'Farmaindustria' ha anunciado este miércoles que va a solicitar al Gobierno central que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley andaluz que permite la licitación pública de medicamentos, al tiempo que también ha adelantado que sus servicios jurídicos están estudiando la adopción de acciones legales contra esta resolución del SAS.

Según ha enjuciado Farmaindustria, con esta decisión la Junta de Andalucía pone en marcha un procedimiento previsto en su Decreto-Ley "que vulnera e invade competencias constitucionales propias y exclusivas del Estado, en materia de inclusión de medicamentos en la prestación farmacéutica pública y en materia de fijación de precio de los medicamentos financiados con cargo al SNS".

Asimismo, ha argumentado que la medida andaluza supone una "vulneración" de lo dispuesto en la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones, y una "ruptura" de la igualdad en el acceso a la prestación farmacéutica, "reconocida como mínima y común por la normativa estatal".

"Con la subasta se excluirán de la dispensación con cargo al SAS aquellos medicamentos que no hayan sido seleccionados mediante este sistema, aun a pesar de estar incluidos por el Ministerio de Sanidad en la prestación farmacéutica del SNS y cumplir las condiciones establecidas por la legislación estatal para ser dispensados en caso de prescripción por principio activo", han señalado desde Farmaindustria, organismo que entiende que con ello se está "cercenando el acceso de los andaluces a cientos de medicamentos en la búsqueda de unos ahorros que en ningún caso van a conseguir solucionar las tensiones presupuestarias del sistema público de salud".

Así, opina que tal medida "constituye un caso más de inequidad entre los pacientes españoles, en función de la comunidad en la que residen, provocando la ruptura de la unidad del mercado farmacéutico y generando un desequilibrio en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud".

Asimismo, y desde un punto de vista industrial, entiende que el Decreto-Ley andlauz "implica una grave restricción de la competencia para las compañías farmacéuticas, muchas de las cuales, especialmente los laboratorios innovadores, van a ver discriminados y expulsados de facto del mercado andaluz sus productos".

Esta "limitación" a la competencia, prosiguen en su escrito, "podría infringir lo dispuesto en el artículo 106 del Tratado de Funcionamiento de la UE".

Por todo ello, desde Farmaindustria han lamentado que desde el SAS "se haya decidido sacar adelante esta iniciativa, pese al rechazo que su anuncio ha generado entre los distintos agentes sanitarios, tanto colegios de farmacéuticos, como la industria farmacéutica y la distribución".

La "difícil situación" que atraviesan actualmente las comunidades "exige el abordaje de posibles soluciones de forma conjunta, desde el diálogo y la búsqueda de consensos para ser capaces de preservar y mejorar el SNS como patrimonio de todos los españoles", han zanjado.