El Gobierno quiere dinamizar el sector inmobiliario. Dado que la construcción de nuevas viviendas estará parada mientras el excedente de 700.000 viviendas por vender no desaparezca, la salida puede ser la rehabilitación.

Con esa intención, el Ejecutivo está preparando un anteproyecto de Ley de Rehabilitación, para impulsar la actividad y el empleo en el sector de la construcción.

Lo ha desvelado el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Jordi Ludevid, que ha solicitado al Ministerio de Fomento que adelante parte de las medidas del anteproyecto mediante la aprobación de un Real Decreto.

Las propuestas planteadas por los arquitectos al Gobierno van dirigidas a la rehabilitación arquitectónica generalizada, con viviendas o no, con la incorporación de un "sello básico de los edificios" que garantice la accesibilidad, habitabilidad, eficiencia energética y seguridad jurídica de los mismos.

La obtención de este sello básico, que sería obligatorio, buscaría la rehabilitación arquitectónica eficiente de los 25 millones de edificios que existen en España, residenciales o no, y que buscaría crear empleo en general, pero en particular en el sector de la arquitectura, que cuenta con un paro del 50%.

Los arquitectos, que se han reunido con responsables del Ministerio de Fomento, consideran que el Gobierno debería aprobar, antes del verano, este Real Decreto, para impulsar la actividad con medidas fiscales y ayudas directas, pero también con una regulación, porque su situación es "crítica".

Los arquitectos plantean a Fomento que agilice los procesos de concesión de licencias urbanísticas, que desarrolle un nuevo reglamento para los concursos de arquitectura y establezca garantías de responsabilidad trienal y que cree una Ley de Servicios Profesionales.

Según el informe "Una visión-país para el sector de la edificación", España debería rehabilitar 250.000 viviendas cada año.

El informe, realizado por Albert Cuchí, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, asegura que la apuesta por la rehabilitación del parque de edificios supondría una inversión de hasta 10.000 millones de euros anuales, que serían aportados por el ahorro de las familias, por entidades financieras, por empresas de servicios energéticos, por empresas energéticas y por el estado.

A cambio, señala este informe, recibirían "retornos diferentes provenientes de los ahorros de energía y de emisiones, beneficios sociales, o mejora en la calidad de las viviendas".