Los sindicatos de función pública (CIG, CC.OO, UGT y CSI-CSIF) han pedido conjuntamente a la Xunta que retire sus propuestas de recortes, que incluyen medidas como no abonar el complemento a los trabajadores de baja los primeros 21 días. Además, han advertido de que si el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no rectifica, no descartan una huelga.

En una rueda de prensa conjunta, representantes de los cuatro sindicatos han convocado concentraciones todos los jueves de este mes para protestar contra la propuesta del Gobierno gallego. Además, el próximo día 9 presentarán el escrito para pedir la retirada del anteproyecto de ley de medidas en el empleo público, en el cual se recogen medidas como la posibilidad de reducir la jornada hasta un tercio, con el consecuente recorte del salario. "Tenemos que lograr que no se llegue a debatir o negociar", ha llamado la representante de CIG, Carmen López Santamariña.

El responsable de CC.OO., Ramiro Otero, ha avisado a Feijóo de que, si hay una huelga, "no la van a convocar los sindicatos", sino él mismo. "Si quiere convocar una huelga, que siga con estas medidas y no lo descartamos; es su responsabilidad evitarlo", ha avisado. "Es un momento crítico", ha apuntado la representante de la CIG, que ha coincidido en que pueden "llegar a una huelga", pero ha indicado que son los propios trabajadores los que deben decir "que esto conlleva una huelga".

López Santamariña ha destacado que esta unión sindical es "histórica" y deriva del acuerdo sobre "la necesidad urgente de que se proceda a la retirada de este anteproyecto de ley, lesivo para la administración pública gallega". Por ello, ha agregado, las cuatro organizaciones sindicales convocan protestas conjuntas para que "la Xunta reflexione".

Los sindicatos han comenzado a hacer asambleas y el próximo jueves, día 9, han convocado una primera concentración en San Caetano entre las 11.30 y las 12.00 horas. Además, será cuando entreguen la petición de retirada de las propuestas del Gobierno gallego. Los actos se organizarán también el día 16 y el día 23 de febrero. Para esta última jornada las organizaciones han llamado a empleados públicos y ciudadanía en general a protestar en las siete mayores ciudades a las 19.00 horas.

El representante de la federación de Servicios Públicos de UGT, Juan Carlos Fernández, ha pedido al Ejecutivo autonómico que deje de convertir a los empleados públicos "en la diana". "Si no, lucharemos y que nadie entienda que luchamos desde ningún privilegio; somos trabajadores como los que más", ha sostenido.

El presidente del sector de administración autonómica de CSI-CSIF, Juan Carlos Rivas, ha considerado que estas medidas serán, en cualquier caso, "ineficaces", como han demostrado, a su juicio, otras similares puestas en marcha antes. Además, ha llamado a la ciudadanía a apoyar las protestas, puesto que los recortes "laminan el estado del bienestar". "La sociedad debe entender que no son un ataque contra los empleados públicos, sino contra los servicios públicos en general", ha expuesto.

Algunos servicios,

"en suspenso"

López Santamariña ha incidido en este mismo sentido y ha afirmado que las medidas que pretende implantar el Gobierno gallego "precarizan" y repercutirán en los servicios públicos, algunos de los cuales, ha augurado, "quedarán en suspenso" para posteriormente ser "privatizados o externalizados".

El representante de CC.OO., por su parte, ha indicado que en los últimos tres años los salarios de los empleados públicos han bajado un 13% y ha avisado de que "no se puede crucificar a los trabajadores". Además, Ramiro Otero ha augurado que los presupuestos del Estado también aplicarán recortes en este ámbito y ha pedido tomar medidas en el lado de los ingresos, con los impuestos y la lucha contra el fraude fiscal. "Pedimos a Feijóo que recapacite", ha dicho.

En nombre de UGT, Juan Carlos Fernández ha considerado que las medidas propuestas por la Consellería de Facenda son, además, "asimétricas" y "son más injustas con los empleados públicos que tienen más dificultades y menos salario".

Por último, Juan Carlos Rivas, de CSI-CSIF ha llamado a "defender entre todos" el estado del bienestar y a rechazar medidas "de carácter demagógico" que ponen a los empleados de las administraciones "en el punto de mira". "Es una cortina de humo ante la incapacidad de Feijóo de tomar medidas reales para la salida de la crisis", ha criticado.