El exconseller de Territorio del Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens, volverá este martes al banquillo de los acusados para ser juzgado por el presunto desvío de 11.930 euros públicos a la productora Studio Media -de la que anteriormente había sido asesor jurídico-, por unos trabajos que ya habían sido realizados y que no reportaban ningún tipo de beneficio a la Institución insular sino únicamente a los administradores de la empresa adjudicataria.

En concreto, la Fiscalía solicita tres años y diez meses de cárcel para Vicens en el marco de esta pieza separada del caso Maquillaje por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Los mismos ilícitos penales por los que ya fue condenado dentro de una pieza del caso Son Oms, al beneficiar con 12.000 euros a su contable particular por un informe plagiado de Internet. En la actualidad Vicens cumple condena por estos hechos en el centro penitenciario de Palma.

Asimismo, junto a Vicens, asistido por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, se sentarán en el banquillo el administrador de Studio Media y presunto testaferro de Vicens al frente de la sociedad Metalumba, Alfredo Conde, la mujer de éste, Elisabeth Diéguez -para quienes la Fiscalía reclama dos años y tres meses de prisión-, y el exdirector insular de Patrimonio, Joan Josep Mas -un año y medio de cárcel-, quien realizó un informe sobre la necesidad de contratar a esta productora audiovisual.

En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía asevera que la pretensión del también exdiputado de UM era beneficiar de forma "arbitraria" con fondos públicos a Conde y Diéguez, con los que mantenía una "antigua amistad" y a quienes quería favorecer por los servicios y colaboraciones que le habían prestado. Se da la circunstancia, además, de que Vicens había cobrado de Studio Media, de 2001 a 2003, un total de 9.011 euros por sus servicios de asesoría jurídica, por lo que le estaba legalmente prohibido intervenir en cualquier contrato del Consell con esta productora.

A pesar de ello, el acusado llevó a cabo cuantas gestiones fueron necesarias para crear un expediente de contratación por valor de 11.930 euros para una asistencia técnica relativa a la realización de la serie 'Elements patrimonials de Mallorca', programa que ya había sido emitido entre 2001 y 2003 por Ona Mallorca -emisora que gestionaba Studio Media- y por tanto ya retribuido por el Consell, de acuerdo al escrito del Ministerio Público.

Además de infringir "toda norma legal y el régimen de incompatibilidades", Vicens no requirió a la empresa si estaba al corriente de sus obligaciones tributarias, a pesar de conocer que Studio Media no podía contratar con la Administración debido a que no había atendido a estos requerimientos fiscales.

Así las cosas, el exdirector insular de Patrimonio, siguiendo instrucciones de Vicens, realizó un informe sobre la necesidad de la contratación que "había diseñado" el exconseller "pese a conocer la falta de utilidad y sentido de aquel contrato", según la Fiscalía, que postula que Mas también conocía que la serie ya había sido realizada y emitida con anterioridad puesto que él mismo había intervenido en uno de los programas. Pese a ello, "no hizo gestión alguna para evitar el pago, recuperar los fondos públicos o exigir un trabajo adecuado al contrato", abunda la Fiscalía.

La acusación pública señala que finalmente Vicens autorizó y ordenó el pago de la cantidad presupuestada "con la convicción de que beneficiaba a sus amigos y colaboradores ya que a él, personalmente, le era más favorable mantener buena relación con los colaboradores de Studio Media". Por su parte, Conde y Diéguez también tenían "pleno conocimiento" de que el contrato era ilegal y suponía "un enriquecimiento personal a costa de los fondos públicos".

Pago de los 11.930

Euros al consell

El Ministerio Fiscal pide por tanto que Vicens, Diéguez y Conde respondan de forma conjunta al pago de los 11.930 euros supuestamente defraudados en favor del Consell, mientras que solicita que Mas abone esta cantidad de forma subsidiaria a la del resto de acusados. El juicio arrancará este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, a partir de las 11.30 horas, y prevé quedar visto para sentencia el próximo jueves.

Precisamente, este mismo tribunal será el encargado de juzgar por primera vez a la exdirigente histórica de UM, Maria Antònia Munar, y al exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, quienes se sentarán en el banquillo en mayo junto a otros ocho acusados por el presunto desvío de 240.000 euros de las arcas de la Institución insular a la realización de un programa radiofónico a sabiendas de que nunca sería emitido.