El Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), gobernado por el independiente minero Francisco Barrera, prepara un "pleno monográfico" sobre las supuestas "irregularidades" de los dos mandatos correspondientes a la exalcaldesa socialista María José Cervantes, actual directora del área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación. Cervantes, como es sabido, ha prestado declaración como "imputada" ante la Guardia Civil, en el marco de la investigación de la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas detectada en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con fondos autonómicos.

Fuentes del Gobierno municipal de Villanueva del Río y Minas han informado a Europa Press de que dicha sesión plenaria habrá de ser convocada para finales de la próxima semana, dado que los concejales del Equipo de gobierno están recabando la documentación necesaria. María José Cervantes, de cualquier modo, estará convocada a esta sesión plenaria como miembro del Grupo socialista.

La juez Mercedes Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dichos fondos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.

La trama de los ere

La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo, bautizado como "fondo de reptiles" por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados.

En este marco, el portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Eloy Carmona, y la diputada Virginia Pérez han avisado recientemente de que la directora del área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación y exalcaldesa de Villanueva del Río y Minas, María José Cervantes, está "involucrada" en los hechos. Es más, han anunciado que el pasado 17 de octubre de 2011, Cervantes prestó declaración "como imputada" ante la Unidad Central Operativa del Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil.

Los "pasos a seguir" en el ere

El PP ha aportado un documento del atestado policial fechado el 25 de enero de 2012 por la Propia Guardia Civil, pues dicho documento, recogido por Europa Press, alude al papel de Cervantes en los hechos cuando gobernaba el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas. El documento del atestado, en concreto, alude al exsindicalista jiennense Juan Lanzas, también uno de los principales imputados, pues él habría sido quien indicó "los pasos a seguir" en cuanto al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por la empresa Aglomerados Morell S.A. en el marco del traslado de sus instalaciones a Villanueva del Río y Minas.

Y es que tales "pasos a seguir", según desgrana el documento, habrían implicado el "inicio" de un ERE que se tradujo en 24 prejubilaciones entre cuyos beneficiarios figuraban dos personas ajenas a la propia plantilla de Aglomerados Morell S.A., lo que les convierte en "intrusos" de este expediente de regulación de empleo. Otro de los "pasos" habría sido, textualmente, "contratar a personas residentes en la localidad de traslado, para lo cual, mantienen varias reuniones con la alcaldesa socialista a fin de que esta consiga un beneficio electoral y actúe como medida de 'presión' para facilitar así las subvenciones necesarias para dicho traslado".

Las reuniones de aglomerados morell

El documento contiene una anotación que hace "hincapié en la declaración efectuada por María José Cervantes, de la cual se extrae la afirmación en un principio de su no participación en reuniones respecto al traslado de Aglomerados Morell S.A. y, tras mostrarle un documento de fecha 23 de mayo de 2006 en el que se refleja lo contrario, declara que el motivo de la reunión con los administradores de Aglomerados Morell versaba sobre el traslado de la empresa. De igual forma, afirma no conocer a Juan Lanzas".

El PP había señalado que ella también está imputada en causas "anteriores", pues la Fiscalía había detectado un posible delito de prevaricación en una serie de contrataciones promovidas durante sus mandatos y reclama para ella 16 meses de cárcel y 16 años de inhabilitación por dos licencias de obra otorgadas en suelo no urbanizable y en contra de los designios del arquitecto municipal.