La familia de Galdeano dice que la acusación del fiscal "es lo menos que esperábamos"

El portavoz de la familia de Juan Martínez Galdeano, Leonardo Manuel Montoya, ha afirmado sobre la acusación formulada por el fiscal en el caso de la muerte de su cuñado en el Cuartel de la Guardia  Civil de Roquetas de Mar (Almería) el pasado 24 de julio que es "lo  menos que esperábamos".
Cuartel Roquetas donde murió Juan Martínez, en el recuadro (EFE)
Cuartel Roquetas donde murió Juan Martínez, en el recuadro (EFE)
Efe

Montoya ha expresado así su satisfacción, puesto que "desde el principio creíamos en la justicia".

El portavoz familiar ha afirmado que "todo está saliendo hacia adelante, dentro de todo lo hemos estado pasando y soportando".

Zancadillas

Montoya ha evitado pronunciarse sobre los delitos imputados por el fiscal a los agentes involucrados en los hechos, puesto que "yo no entiendo de leyes", confesó.

La petición del fiscal dentro de lo que cabe está bien teniendo en cuenta las zancadillas

Montoya ha reiterado que la petición del fiscal "dentro de lo que cabe está bien" teniendo en cuenta "las zancadillas que nos han estado planteando".

El fiscal ha solicitado en su escrito de conclusiones provisionales una pena de diez años de prisión para el teniente Rivas por los delitos de:

- Atentado grave contra la integridad moral.

- Lesiones.

- Homicidio imprudente.

Concretamente, para el jefe del Puesto de la Guardia Civil, el fiscal solicita:

- Tres años de prisión por homicidio imprudente.

- Dos años y seis meses por atentado grave  contra la integridad moral.

- Cuatro años y seis meses por un delito  de lesiones.

Según el escrito, para cada uno de los otros siete guardias civiles supuestamente involucrados en los hechos, el ministerio público pide:

- Dos años y seis meses por el delito de homicidio imprudente.

- Dos años por atentado grave contra la  integridad moral.

- Tres años y seis meses de prisión por un delito de  lesiones.

El fiscal ha tenido en cuenta la concurrencia de la  circunstancia agravante de abuso de superioridad en los delitos de  lesiones y homicidio imprudente.

Además, considera que los acusados -conjunta y solidariamente- y la Administración del Estado -como responsable civil subsidiaria-, deben indemnizar a la viuda en la cantidad de 80.000 euros y al hijo  del fallecido en 15.000 euros.

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