La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Gemma Zabaleta, ha cifrado en alrededor de 7.000 personas el número de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que no han podido ser localizados en los domicilios que figuran en sus expedientes.

Zabaleta, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento vasco, se ha referido este jueves a la situación de estas personas, que están legamente obligadas a permanecer localizables para poder seguir recibiendo estas ayudas.

Este hecho ha salido a la luz a raíz de las cartas remitidas en las últimas semanas por el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide a los cerca de 56.000 perceptores de estas prestaciones, cuya cuantía oscila entre los 650 y los 923 euros mensuales.

La responsable de Empleo y Asuntos Sociales ha explicado que unas 7.000 de esas cartas certificadas han sido devueltas, por no haberse podido localizar a sus destinatarios en la dirección que figuraba en su expediente.

Según ha explicado Zabaleta, a partir de ahora se va a estudiar "cuál es la razón" de esta situación, y se volverá a citar a estas personas para una entrevista en el Servicio Vasco de Empleo, con el fin de "adecuar sus expedientes a la realidad". "GARANTISTA"

En todo este proceso se actuará de forma "absolutamente garantista y legal", de forma que "nadie que cumpla" los requisitos "va a quedarse al margen de la prestación". No obstante, ha advertido de que "la Administración pública requiere control y verificación de datos".

"Lo que vamos a hacer es subsanar esos 7.000 expedientes, porque algo está mal cuando no podemos localizar a esas personas", ha añadido. Respecto a la posibilidad de suspender la prestación de forma cautelar a estas personas, ha insistido en que "lo primero es saber dónde están y por qué su expediente no está actualizado".