La Fiscalía de Valladolid solicita penas de cuatro años de prisión para tres hombres a los que acusa de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y, alternativamente, de estafa cometidos durante el ejercicio de 2003, cuando, supuestamente, cobraron distintas cantidades a siete ciudadanos procedentes de Marruecos a cambio de falsas ofertas de empleo.

El juicio se celebrará el próximo viernes, día 10 de febrero, en la Audiencia de Valladolid, donde ocuparán banquillo Jeremías R.E, Francisco Ll.B y Sergio G.Z, a quienes la acusación pública, además de cuatro años de cárcel, que serían tres en el caso de que la condena fuera por estafa, pide también multas de 5.760 euros y que indemnicen, conjunta y solidariamente, a sus víctimas con las cantidades obtenidas de ellas, que globalmente suman más de 14.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Se da la circunstancia de que en esta misma causa figuran también como imputadas otras dos personas más, los marroquíes Hamid G. y Hakima H, quienes, sin embargo, no se sentarán junto a los anteriores debido a que ambos se encuentran en paradero desconocido.

Los hechos que se les atribuyen se desarrollaron durante 2003, cuando los cinco acusados, puestos de común acuerdo, siempre según entiende probado el Ministerio Fiscal, concibieron un plan en virtud del cual Hamid G. y Hakima H. contactaban con compatriotas suyos al objeto de facilitar su llegada a España y les cobraban cantidades de entre 2.000 y 4.000 euros bajo la promesa de facilitarles puestos de trabajo ofertados por los otros tres procesados que, sin embargo, no respondían a la realidad.

En todos los casos, una vez que Hamid G, en colaboración con la también acusada Hakima H, conseguía el dinero, remitía a la ciudad de Lérida la documentación que las víctimas le entregaban y allí, tras aportar el resto de acusados ofertas de trabajo, se presentaba solicitud ante la Subdelegación del Gobierno de la citada provincia catalana.

Era a posteriori, ya en territorio español, cuando los solicitantes descubrían que el puesto de trabajo habrían de buscarlo en el mercado negro, pues lo que a ellos se les ofrecía era únicamente la entrada legal en España y no un empleo.