El consejo de ministros ha aprobado el nombramiento de María Seguí, hasta ahora directora general de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo de la Junta de Castilla-La Mancha, como directora general de Tráfico, en sustitución de Pere Navarro, que cesa del cargo después de ocho años al frente de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El nombramiento de Seguí fue adelantado este jueves por el ministro del interior, Jorge Fernández Díaz, en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que alabó la labor realizada por Navarro, del que destacó que "ha hecho una magnífica gestión". No obstante, pese a estos elogios, Fernández Díaz señaló que "nadie es imprescindible" y se mostró convencido de que Seguí "seguirá la senda" de Navarro.

El relevo en la dirección de la DGT se produce siete semanas después de que el actual Gobierno comenzara a trabajar y después de que el Ministro de Interior reconociera a finales de enero que el relevo de Navarro no estaba entre las prioridades de Interior. De hecho, las declaraciones del ministro, que en su toma de posesión destacó los "magníficos" datos logrados en materia de seguridad vial por Navarro, hizo pensar en una posible continuidad en la dirección de Tráfico.

No obstante, finalmente el Gobierno ha optado por la renovación y ha elegido como directora de Tráfico a una persona con una amplia experiencia en el mundo académico, frente a Navarro, que hasta su nombramiento como director de Tráfico en la DGT había desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en la administración en la Generalitat catalana primero y en el Ayuntamiento de Barcelona, después.

Mientras, hasta que María Dolores de Cospedal la fichó a finales de 2011 como directora general de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo de la Junta de Castilla-La Mancha, Seguí (nacida en 1967) había desarrollado el grueso de su carrera como investigadora en universidades españolas y estadounidenses, especializándose en la prevención de lesiones.

Licenciada en Medicina General y Cirugía por la Universidad de Barcelona en 1991, tiene un máster en Salud Pública expedido por la Universidad de Barcelona y la Universidad Johns University y es doctora en Ciencias en Políticas Sanitaria por la Universidad de Harvard. Su tesis doctoral versó sobre las implicaciones derivadas de la decisión del Congreso de Estados Unidos de implantar "airbags" en los vehículos de pasajeros.

Su carrera profesional se ha desarrollado en torno a la enseñanza universitaria y la investigación en prevención y control de lesiones en general y, más específicamente, en aquellas relacionadas con los accidentes de tráfico. Fue subdirectora del Centro de Prevención de Lesiones de la Universidad de Harvard e investigadora del Centro de Prevención de Lesiones de la Universidad de Johns Hopkins, y representante del Ministerio de Sanidad en los foros de la Unión Europea en Prevención de Lesiones y en la reunión mundial de Prevención de Lesiones de Tráfico.

Además, es profesora visitante del departamento de Medicina de Urgencias de la Universidad de Virginia, profesora adjunta en la Universidad de Johns Hopkins y titular de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Univesidad de Navarra, en donde dirigió hasta su incorporación al Gobierno de Castilla-La Mancha el European Center for Injury Prevention, centro dedicado al estudio de cómo reducir los accidentes.

Retos de la nueva directora de tráfico

Seguí recoge de su antecesor una política de seguridad vial que ha permitido reducir la cifra de fallecidos por accidente de tráfico el año pasado por primera vez por primera vez en 50 años de los 1.500 fallecidos. En total, 1.479 personas perdieron la vida en las carreteras españolas en 2011, lo que supone 250 menos (14,5 por ciento) que en 2010.

En estos últimos diez años, se ha conseguido disminuir el número de muertos en accidentes de tráfico un 55 por ciento, desde las 5.517 víctimas mortales de 2001 hasta los 2.478 fallecidos en 2010. Esta mejora ha llevado a España de estar a la cola en el ranking de países de la Unión Europea con menos accidentes a colocarse en el cuarto puesto de la lista de estados en donde más se ha mejorado la seguridad en las carreteras, según el informe PIN del Consejo Europeo para la Seguridad en el Transporte (ETSC).

Navarro también deja una batería de medidas pendientes que no salieron adelante en la anterior legislatura debido al adelanto de las elecciones sobre las que tendrá que decidir el nuevo titular de tráfico, como la limitación a 90 km/h en todas las carreteras secundarias(actualmente el límite en las carreteras secundarias es de 90 o 100 km/h en función del ancho del arcén) o la reducción a 30 km/h de la velocidad en las calles de las ciudades que tengan un único carril por sentido.

Otra de las reformas que el equipo de Pere Navarro ha dejado preparada, y sobre la que el nuevo Gobierno tendrá que decidir qué hace, es la introducción en España de la conducción acompañada. Esta medida, que ya está vigente en otros países como Francia o Alemania y apoyan algunos clubes automovilistas, permitiría a un menor de 18 años coger un coche supervisado por un adulto con carné como paso previo a la obtención del carné.

Asimismo, Seguí enfrenta importantes retos, como el mantenimiento de las carreteras en época de crisis económica, lo que ha llevado a algunos sectores, como el representado por la Asociación Española de la Carretera (AEC) a proponer que se pague por usar las carreteras para recaudar entre 20.000 y 25.000 millones de euros, que se destinarían a mejorar las condiciones de las infraestructuras.

En su programa electoral, el PP proponía adecuar los límites de velocidad en las carreteras españolas en función de "consideraciones objetivas que tengan en cuenta la siniestralidad, la contaminación, la calidad de la infraestructura, su trazado y la afección sonora, entre otras consideraciones".

No es la primera vez que el PP hace esta propuesta. En el programa electoral que llevó a las elecciones autonómicas celebradas en el mes de mayo ya realizaba un propuesta semejante y, antes, en 2010, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados llevó a la Comisión no permanente de Seguridad Vial una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a realizar un estudio sobre los límites de velocidad en todas las vías para actualizar aquellos "límites que puedan resultar obsoletos o inadecuados".

Por último, otro de las reformas importantes que el nuevo Gobierno hereda de su antecesor es la modificación del Baremo de Indemnizaciones, el reglamento que establece qué indemnización reciben las víctimas tras un accidente de tráfico, y que no ha sufrido ninguna modificación de calado desde 1993. En la pasada legislatura, el Gobierno ya mantuvo reuniones con asociaciones de víctimas y las compañías de seguros, con la colaboración de la Fiscalía de Seguridad Vial, para tratar de reformar este baremo.