El Gobierno ha acordado dotar con 10.000 millones de euros a la línea del ICO que va a crear para facilitar financiación directa a las comunidades autónomas, de forma que puedan afrontar los pagos pendientes con proveedores, aunque la cifra se podrá ampliar a 15.000 millones, previo acuerdo del Gobierno.

Así lo ha adelantado la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha dicho que el acceso a esta línea estará condicionada al cumplimiento de las exigencias en disciplina presupuestaria.

La línea tiene dos finalidades, que pasan por pagar los contratos de suministros de obras y servicios contraídos antes del 1 de enero de 2012 y vencimiento a mediados de este año, y por cumplir las obligaciones de deudas financieras anteriores al 1 de enero de 2012 y contabilizadas previamente como déficit.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha destacado la importancia de esta medida por tratarse de asuntos que afectan especialmente a las pymes y que están destruyendo el tejido empresarial.

El Gobierno ha limitado a 600.000 euros el sueldo de la cúpula en las entidades que han recibido ayudas públicas y a 300.000 euros en las que han sido intervenidas por el Estado.

El Gobierno ha establecido un límite a los sueldos de las entidades financieras que han recibido ayudas públicas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España.

Luis de Guindos ha explicado que estas limitaciones serán aplicables tanto a las entidades beneficiarias de créditos del FROB a un tipo de interés del 7,75%, lo que incluye a las cajas que se integraron en grupos más grandes, y las inyecciones de capital que han derivado en la intervención de las entidades.

Según explicó Sáenz de Santamaría, se fijan estas limitaciones de sueldo en las entidades que han recibido aportaciones de dinero público "del mismo modo que se fijan límites a las remuneraciones para casos donde el sector público tiene actividad".

Asimismo, el Gobierno ha acordado simplificar las estructuras de cajas de ahorros que no tengan actividad de crédito, por lo que éstas quedan limitadas a la asamblea general y al consejo de administración, con el fin de reducir los costes en las entidades.

El Gobierno ha aprobado también que las cajas de ahorros desprovistas del negocio financiero destinen a su obra social al menos el 90% de los dividendos que reciban por su participación en el banco.

En los últimos años varias cajas se agruparon en bancos a los que trasladaron su negocio financiero y quedaron desprovistas de esta actividad, para ocuparse principalmente de la obra social.

Por eso, De Guindos ha argumentado que era necesario simplificar la estructura organizativa de estas cajas y bastará con la asamblea general y el consejo de administración.

Excepcionalmente, en algunos casos que fuese razonable, De Guindos ha añadido que podrá persistir la comisión de control.

En cualquier caso, el número de miembros de cada uno de estos órganos de gobierno y la periodicidad de sus reuniones quedarán fijados en los estatutos de las cajas de ahorros.

Otra de las novedades aprobadas por el Gobierno permite que las cajas desprovistas de su negocio financiero no pasen a ser fundaciones dependientes de las Comunidades Autónomas tan fácilmente.

Hasta ahora, la ley obligaba a que las cajas de ahorros se convirtieran en fundaciones si controlaban menos del 50% de los bancos que crearon, lo que impedía que muchas entidades pudieran ampliar fácilmente su capital.

Ahora, siempre y cuando mantengan una participación en sus bancos de al menos el 25 % o simplemente el control, podrán mantener su estatus de caja.