La nueva unidad de viceintervención de control financiero de la Generalitat Valenciana, se ha dado un plazo de tres o cuatro meses para presentar su informe con recomendaciones para racionalizar el gasto de la Generalitat Valenciana. Un documento cuyas recomendaciones serán "totalmente vinculantes" para las áreas auditadas y "homologable" para otros sectores, ha explicado el interventor general de la Generalitat, Salvador Hernández.

Hernández, que ha comparecido en rueda de prensa con el conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela, quien ha remarcado que con este cuerpo de interventores no están creando una "policía económica" sino que se trata más bien de "tutelar" el gasto de la administración.

El interventor general de la Generalitat ha explicado que el pasado jueves comenzó a aplicarse el primer plan de intervención, resultado de un análisis previo de las áreas con mayor gasto de la Generalitat o con interés en mejorar su gestión. Este análisis se realizó el primer semestre del ejercicio anterior —fue un análisis "integral" del presupuesto—.

De esta manera, se pretende reforzar los mecanismos de control del gasto y crear mecanismos de control específico en aquellas áreas de gestión donde se hayan podido constatar desajustes importantes de orden presupuestario no suficientemente justificados o debilidades de gestión que requieran un pronunciamiento sobre la eficacia, eficiencia y economía de la misma. El objetivo último es "racionalizar el gasto", ha apuntado Hernández.

Así, las áreas que en las que se va a desarrollar el control sobre los gastos contraídos se refieren a las prestaciones farmacéuticas —la facturación de los meses de noviembre y diciembre de 2011 por importe de 99,5 millones y 123,4 millones, respectivamente—; el Turno de Oficio —cuarto trimestre de 2011, con un importe de 16,6 millones—; el gasto de las encomiendas de gestión de las Consellerias de Infraestructuras y la de Agricultura —59,7 millones en 2011—.

Las otras áreas que se van a controlar con los gastos de los centros docentes públicos no universitarios de la Generalitat en 2011; las nóminas —relativas a la atención continuada, guardias médicas y sustitución— del personal sanitario de La Fe en el primer semestre de 2012 y nóminas del personal docente de la Conselleria de Educación correspondiente al primer semestre de 2012 —aquellas correspondientes a la sustitución del personal—.

Hernández ha aclarado que este control suplementario del gasto no va a restar agilidad en la prestación de servicios, especialmente en aquellas áreas destinadas a la atención sociosanitaria. "El gasto ya esta realizado", por lo que "no vamos a parar nada". El objetivo es mejorar la gestión: "hacer más con meno", ha apostillado.

Sector público

El interventor general de la Generalitat ha explicado que tras esta primera fase de fiscalización, las auditorías se pueden extender a las empresas y fundaciones públicas. Sin embargo, "está un poco supeditado a la evolución" de la creación de la Corporación Pública Empresarial.

Con carácter general, la Intervención desarrollará su actividad sobre muestras de los correspondientes expedientes de gasto, con la finalidad de comprobar que los controles existentes son correctos, que se llevan a cabo, que son suficientes, económicos, eficientes y, sobre todo, eficaces.

La Intervención emitirá cuantas recomendaciones estime convenientes para mejorar los sistemas de control y la cuenta anual de la Generalitat. Además, emitirá un informe provisional que pondrá a disposición del órgano administrativo gestor del gasto, normalmente la Secretaría Autonómica competente por razón de la materia, para que pueda alegar lo que estime pertinente.

Por último, se realizará un informe definitivo de lo actuado y resultados obtenidos, que se remitirá a los consellers y a la Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Presupuestos.

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