La consejera de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura, Trinidad Nogales, ha mostrado este jueves su "respeto absoluto" a las decisiones de los órganos consultivos y a los tribunales en relación al edificio de la Facultad de Bibioteconomía de Badajoz, ante el dictamen que ha emitido la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que ve "perfectamente realizables y técnicamente posibles" las obras en el 'cubo' para devolver la facultad a su estado original.

Según ha indicado Nogales a preguntas de los periodistas sobre este asunto tras la reunión del Consejo Rector del Consorcio Gran Teatro en Cáceres, la Academia de San Fernando "es un órgano consultivo" al que se ha acudido "en aras a que haya una valoración en torno a esta actuación".

"Esta situación es una herencia del gobierno anterior -recuerda la consejera- y es una cuestión que serán los tribunales los que se tengan que pronunciar". No obstante, matiza que "las actuaciones patrimoniales hay que enfocarlas con mucha cautela porque a veces la eliminación de construcciones sobre un conjunto, en ocasiones, hacen daño al conjunto original".

La consejera muestra su "respeto absoluto a la decisión de los órganos consultivos y a los tribunales" pero admite que a la Consejería de Cultura, de la que ella es titular, "le hubiera gustado no tener que plantear esta situación". "Nos la hemos encontrado heredada del gobierno anterior, se dejó sin resolver y los tribunales tendrán que pronunciarse al respecto" insiste.

Cabe recordar que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha emitido un dictamen sobre la posibilidad de ejecutar la sentencia que obliga a demoler el cubo de la Facultad de Biblioteconomía de Badajoz en el que considera que las obras para restituir esta facultad a su estado original son "perfectamente realizables y técnicamente posibles a un coste que no resultaría exorbitante y que en todo caso permitirían que el edificio se atenga casi totalmente a la normativa que en su momento se infringió".

El informe fue solicitado a petición del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que se lo encargó a este órgano consultivo después de que el Ayuntamiento de Badajoz considerara que las obras para que el edificio cumpliera con la legalidad eran irrealizables.