El exconseller de Juventud y Deportes del Govern y exdirector insular de Proyectos, Mateu Cañellas, ha aludido, en su declaración como imputado en el marco del caso Voltor, a una "guerra muy grande con ataques hacia mi persona" que se produjo en el seno de la extinta UM en torno al año 2009, y ha asegurado que cuando ésta "se encrudeció mucho", transmitió a sus empleados que no debía mezclarse "la guerra del partido" con su trabajo en la Conselleria. "Y no iba a despedir a nadie por no estar afiliado a UM", ha aseverado.

En su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, Cañellas ha recordado que cuando aún era conseller reunió a una serie de personas en el velódromo Palma Arena para comunicarles este mensaje, al defender que su "consigna, casi un dogma", era diferenciar el trabajo en las instituciones públicas con cualquier otra actividad propia del partido, aspecto en el que ha hecho hincapié a lo largo de su deposición.

Según ha manifestado, previamente, cuando ostentaba el cargo de director insular antes de las elecciones de 2007, había recomendado a varias personas para su contratación en el Consell, si bien ha precisado que lo hizo por el perfil que reunían y "sin que en ningún momento se les exigiera su afiliación a UM". Asimismo, ha señalado que la competente para su contratación era Eugenia Cañellas y ha asegurado desconocer cómo se tramitó su colocación y cuáles fueron sus condiciones laborales.

"Me tenía que dirigir a Cañellas para que gestionara la contratación, pero desconozco quién tenía que firmar los contratos", ha abundado el exatleta, quien, asistido por el letrado Antonio Martínez, ha prestado declaración en el marco de la pieza 13 del caso Voltor, que indaga la contratación presuntamente irregular de militantes de la formación a través del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma), dependiente del Consell.

Las investigaciones apuntan a que, pese a estar a sueldo del Cilma, estos empleados 'fantasma' no llegaron a acudir a su puesto de trabajo sino que se habrían limitado a realizar labores en favor del extinto partido nacionalista. También este jueves ha comparecido ante la jueza el expresidente de UM Miquel Àngel Flaquer, quien sin embargo se ha acogido a su derecho de no declarar.

Durante su comparecencia, en la que se ha negado a responder a las preguntas de las defensas, Cañellas se ha referido en concreto a cuatro jóvenes que fueron contratados por el Consell tras ser recomendados por él, y ha subrayado que trabajaban físicamente "en el Consell y para el Consell". Sin embargo, al desvincularse de cómo fue tramitada su contratación, ha asegurado desconocer si se les remuneraba con los fondos destinados al programa Mallorca Digital.

"desconocía la existencia del proyecto mallorca digital"

Un programa que fue puesto en marcha desde el Cilma y que, junto a los de Infomallorca y EIEL, habría servido para camuflar la colocación de los empleados 'fantasma'. De hecho, Cañellas ha aseverado que en ningún momento les encomendó ninguna labor relacionada con este proyecto, del que además "desconocía su existencia".

Mientras tanto, han sido aplazadas al día 29 de febrero las declaraciones que había previstas este viernes en el marco de estas pesquisas. En concreto, se trata de las comparecencias del exgerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), Antoni Oliver; el exconcejal de UM en Alaró Antoni Rebassa; Luisa Tortella, ex directora del Centro de Investigación de Tecnologías Turísticas (CITTIB) y ahijada de la ex presidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar; y el exalcalde de Pollença, Joan Cerdà.

La jueza ya interrogó a varios de los empleados cuya contratación se investiga a petición del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán después de que el ex gerente del Cilma, Eugenio Losada, aportase a la magistrada un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos trabajadores presuntamente colocados a instancias de los exaltos cargos de UM, entre ellos el exvicepresidente del Consell, Miquel Nadal.

En total, según la documentación entregada por Losada, un total de 34 empleados fueron contratados para trabajar en las tres iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales.