La secretaria de la Mujer de CCOO de Asturias, Ana Alonso, ha alertado que se volverá a una situación de desprotección e inseguridad jurídica, exponiendo a un mayor riesgo la salud y la propia vida de las mujeres.

En palabras de la secretaria de la Mujer de CCOO de Asturias, la modificación que el gobierno del PP va a realizar "niega y penaliza el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente sobre su maternidad".

Ana Alonso señala que "la vuelta al Código Penal de 1985 supone un claro retroceso en relación a los derechos básicos de las mujeres, distanciándonos de la mayoría de las legislaciones europeas que sí reconocen la libertad y capacidad de las mujeres para decidir". Así, "esta reforma significa que la mujer ya no será la máxima responsable de su cuerpo en algo tan vital como la maternidad".

CCOO de Asturias defiende la actual Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo porque permite la autonomía y libertad de las mujeres, en relación a su sexualidad, a decidir sobre su maternidad y, por tanto, al aborto.

Además, "la actual ley, que el Gobierno quiere reformar, garantiza la equidad en el acceso y la disponibilidad de métodos anticonceptivos y de educación sexual al conjunto de la ciudadanía y mejoró la protección de embarazos no deseados a colectivos especialmente vulnerables", añade Alonso.

Derecho irrenunciable a decidir

Ana Alonso señala que "CCOO parte del principio ético del respeto a la autonomía y capacidad moral de las mujeres para formular y emitir sus propios juicios, para dilucidar sobre sus propios dilemas y tomar sus decisiones, y entre ellas, consideramos que la de la maternidad es particularmente relevante".

Por tanto, "desde el sindicato defendemos categóricamente que las mujeres tienen el derecho irrenunciable a decidir sobre su maternidad, por lo que consideramos que la vuelta a la penalización del aborto niega el ejercicio del derecho".

Para concluir, la secretaria de la Mujer de CCOO de Asturias alerta de que este retroceso legislativo supondrá, tanto para las mujeres como para los profesionales, la eliminación de garantías jurídicas y tutela constitucional.

Así, "se volverá a una situación de desprotección e inseguridad jurídica, recordando asimismo que cualquier retroceso en la legislación en materia de aborto expone a un mayor riesgo la salud y la propia vida de las mujeres, tal como viene denunciando la OMS en sus investigaciones", añade.