El presidente de la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (CEOFA), Ángel Pérez, ha vuelto a reprochar este miércoles, tras su publicación en BOJA, que la licitación pública de medicamentos del Gobierno andaluz tiene "grandes rasgos de inconstitucionalidad", toda vez que ha anunciado que los servicios jurídicos de la confederación están estudiando si pueden impugnar "la orden que desarrolla este decreto-ley".

El dirigente de CEOFA, uno de los principales interlocutores del sector durante todo el proceso de tramitación de esta norma, ha vuelto a reprochar al actual Gobierno autonómico que aprobase esta medida en forma de decreto y no de ley, "ya que así nos ha impedido a muchos agentes del sector poder elevar recursos" contra la norma.

"Nos ataron las manos a todo el mundo al aprobar esta medida mediante decreto-ley, ya que así solo puede recurrirla y paralizarla el presidente del Gobierno o con la firma de 50 diputados", ha explicado en declaraciones a Europa Press Pérez, quien, no obstante, ha considerado que al publicarse ahora en BOJA la orden que da salida a este decreto-ley, "a partir de mañana los laboratorios podrán no solo concurrir a la medida, como pretende la Junta, sino también recurrirla".

A este respecto, el responsable de CEOFA ha vaticinado que muchos laboratorios pequeños "pueden impugnar la orden que desarrolla este decreto" al entender que "atenta contra su libre competencia por el mero hecho de tener producción limitada (lo que implicaría una imposibilidad técnica de concurrir a estos concurso ante hipotéticos escenarios de desabastecimientos)".

"Desde CEOFA ya lo hemos puesto en conocimiento de nuestros servicios jurídicos y, si tenemos posibilidades, que creo que sí, impugnaremos la orden que desarrolla este decreto-ley", ha ahondado Pérez, quien, aún con todo, ha puntualizado que desde CEOFA "aún no sabemos si la orden es recurrible por vía administrativa o judicial, porque la publicación en BOJA ha salido esta misma mañana y nuestros servicios jurídicos aún la están analizando".

Sea como fuere, ha defendido la orden que desarrolla este decreto "puede recurrirla cualquiera de las partes implicadas, porque puede darse el caso de que haya laboratorios que no estén de acuerdo con las condiciones para optar al concurso y la recurran basándose en el quebrantamiento de la libre competencia".

En cuanto a la decisión del actual Ejecutivo español de paralizar la actuaciones contra el 'cataloguiño' gallego y una hipotética extensión de este no actuación contra la licitación andaluza de fármacos, Pérez ha defendido que los fundamentos en los que se sustentan "no son los mismos".

"En el concurso andaluz, sólo se podrá dispensar para los usuarios de la sanidad pública andaluza el medicamento del laboratorio ganador y ningún otro más, lo que supone forzar una prescripción para obtener un ahorro sin tocar el precio de los medicamentos", ha enjuiciado Pérez, quien además ha dicho que la medida andaluz "limita también el catálogo de prestaciones a los pacientes andaluces del SSPA, disminuyendo sus derechos".

"La Junta tiene competencia para aumentar las prestaciones del sistema andaluz pero no tiene competencia para disminuirle las prestaciones", ha defendido a Europa Press, toda vez que ha insistido en la tesis de que "limita a los laboratorios pequeños a poder entrar y optar a los concursos, en base a su menor capacidad de producción de medicamentos que le requerirá la Junta".

Finalmente, ha hecho alusión a que el recurso de inconstitucionalidad contra el 'cataloguiño' fue elevado por un Gobierno central socialista contra un gobierno autonómico del PP "y en el caso andaluz sería justo a la inversa".