El alcalde de Teruel, Manuel Blasco, ha explicado que antes de tomar una decisión sobre la propuesta del grupo municipal del PSOE para que el Ayuntamiento de Teruel retire su subida del 3,1 por ciento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se debería sumar a la del 10 por ciento del Gobierno central, es necesario saber "si es legal" y, por ello, Intervención estudiará esta propuesta.

Por otro lado, Blasco ha estimado "complicado" poder aplicar este año la división del pago en dos cuotas, como proponen los socialistas, ya que los impuestos devengan a partir del 1 de enero.

En declaraciones a los medios de comunicación, Blasco ha señalado que "hablaremos de eso en el Pleno", pero ha recordado que "todavía no hay un informe de los servicios de Intervención que digan que esa propuesta es legal".

En caso de que lo sea "tomaremos una decisión sobre si la aceptamos o no", pero no será antes de que llegue el informe de Intervención porque "lo demás son brindis al sol del PSOE que nos ha traído hasta aquí dejando arruinado el Ayuntamiento y luego siempre hacen propuestas que van en perjuicio de la institución".

La propuesta de los socialistas pasa por anular la subida del 3,1 por ciento del IBI que aprobó el consistorio para este año, puesto que sumada al incremento del 10 por ciento anunciado por el Gobierno Central sería demasiado costoso para los turolenses. Además, los socialistas plantean la posibilidad de que el pago del impuesto se pueda dividir en dos cuotas.

En este sentido, Blasco ha señalado que también deben esperar a un informe de Intervención que diga si es posible generalizar algo que ya se hace con personas que alegan problemas para hacer frente al pago. Aún así, cree que "no es posible" para este año puesto que los impuestos devengan a 1 de enero.

Viviendas ilegales

Por otro lado, el primer edil turolense ha anunciado que el Ayuntamiento de Teruel va a contratar a una empresa externa que se encargue de sacar a la luz posibles viviendas ilegales en Teruel que, por lo tanto no pagan el IBI.

Según ha indicado, en estos casos ya ha prescrito el delito urbanístico y "no se derribarán las viviendas", pero sí se les cobrará este impuesto (de los últimos 5 años) porque "no es justo que subamos los impuestos a los que pagan y que haya quien no está pagando".

Según un estudio realizado por el consistorio la pasada legislatura en Teruel había unas 1.000 viviendas ilegales. En anteriores iniciativas como ésta salieron a la luz unas 600 viviendas que ya pagan sus impuestos. Esta vez esperan que sean unas 300 más y que se podrían recaudar unos 240.500 euros.