Los técnicos de la Consejería de Ganadería han afirmado este miércoles que, si el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera hubiera solicitado el informe para autorizar la construcción de las 18 viviendas de La Argolla, un trámite que, a su juicio, tendría que haberse realizado, éste habría sido desfavorable por el momento en el que se encontraba la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Oyambre.

Durante el tercer día de juicio contra el alcalde de San Vicente de la Barquera, Julián Vélez, y otros tres exediles por conceder la licencia de construcción sin pedir este informe, los dos técnicos han reconocido que, dado que el PORN se estaba elaborando —si bien no se aprobó hasta diciembre de 2010—, habrían considerado "oportuno" paralizar cualquier actuación como "medida cautelar" hasta que se aprobase el Plan para determinar si el impacto que podría causar la urbanización era "asumible".

A preguntas de la Fiscalía, ambos han opinado que, dado que la licencia se concedió cuando ya estaba aprobada la Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria (4/2006), el Ayuntamiento debía de haber pedido el informe a Ganadería, tanto si se trataba de suelo urbano, como es el caso de esta finca, o rústico.

Sin embargo, han reconocido que si esa misma actuación se hubiera llevado a cabo ahora, y a la vista de lo que el PORN mantiene la calificación de la parcela donde se ubican las viviendas —en fase de ejecución— como suelo urbano, la Consejería de Ganadería habría informado favorablemente.

Según han señalado, incluso ahora, una vez aprobado el PORN, el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera tendría que seguir pidiendo el informe a Ganadería puesto que aún no está aprobado definitivamente un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio que se adapte al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque de Oyambre.

En su intervención, los técnicos de Ganadería han añadido que una vez que San Vicente de la Barquera cuente con este PGOU, que por el momento sólo está aprobado inicialmente, ya no tendría que pedir la autorización preceptiva a la Consejería.

A preguntas de la defensa, han reconocido que ni el PORN ni en el PGOU aprobado inicialmente el pasado julio modifica la calificación de la parcela en la que la constructora Prado Pernaza comenzó a construir las viviendas, por lo que se "contempla el mismo uso" que entonces (urbano) sin que la Consejería de Ganadería haya informado en ninguno de los dos casos contra este punto.

Por otra parte, y tras insistir en que el Ayuntamiento de tendría que haber pedido el informe antes de autorizar la licencia, uno de los técnicos ha reconocido la posibilidad de que los cuatro ayuntamientos con superficie dentro del Parque de Oyambre (San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Val de San Vicente y Comillas) "no percibiesen" el cambio en la legalidad que obligaba a solicitar esta autorización del Gobierno de Cantabria incluso para los suelos urbanos.

De hecho, a preguntas de la acusación particular, en la que está personada la constructora, este mismo técnico ha afirmado que "no le consta" que Ganadería remitiera a los ayuntamientos un escrito informando de este cambio en la legislación —motivado por la entrada en vigor de la Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria— y lo que ello suponía. "No se comunica nunca", ha advertido.

Sin acuerdo sobre el valor paisajístico y ambiental

Durante la vista celebrada este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, ha quedado patente las distintas opiniones que existen sobre el valor paisajístico y ambiental de la parcela donde se construyeron las viviendas.

Mientras que uno de los técnicos de la Consejería de Ganadería ha confirmado el "alto valor ambiental y paisajístico" de la finca; la "mucha exposición visual" que, por su ubicación, tenían las viviendas, y la "fragmentación ecológica" que supone, el otro ha limitado esta apreciación.

De hecho, le ha atribuido un impacto "esencialmente visual" y ha minimizado la "fragmentación ecológica" que supone la edificación de las viviendas. "No creo que vaya a fragmentar ecológicamente más de lo que existía", ha señalado.

Además, ha explicado que dentro del Parque de Oyambre hay "13 ó 14" núcleos de población y ha señalado que había otras viviendas próximas, si bien prácticamente en su totalidad eran anteriores.

Esta misma afirmación ha sido mantenida, posteriormente, en la declaración de los dos peritos que intervinieron en la redacción del proyecto de la constructora, quienes han afirmado que la parcela "no tenía ningún valor ambiental o paisajístico de ningún tipo". Además, a su juicio, "no existe ningún impacto paisajístico apreciable".

Por otra parte, han defendido que, cuando en 2005, solicitaron al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera la ficha urbanística de la parcela —momento en el que aún era alcalde el socialista José Emilio Pardo— no se puso desde el Consistorio ninguna objeción.

Así, el arquitecto municipal de San Vicente de la Barquera, Pedro Ramón García Soto, que también ha declarado este miércoles, ha recalcado que la finca de La Argolla era suelo urbano consolidado por lo que no trasladó ninguna "preocupación" sobre el hecho de construir allí.

Está previsto que el juicio, que comenzó el lunes, concluya este viernes después de declarar el último testigo perito y de que las partes personadas en el procedimiento planteen sus conclusiones.

El Ministerio Fiscal pide para cada acusado por un delito contra la ordenación del territorio la pena de dos años y seis meses de prisión y once años de inhabilitación para ejercer cargo público como miembros de la Corporación Local —sólo Vélez forma parte actualmente de ella—.

A estas penas, cada acusado se enfrenta a otros nueve años de inhabilitación para ejercer cargo públicos como miembros de la Corporación Local por un delito de prevaricación urbanística por su papel en la concesión de la licencia a una urbanización en La Argolla.

La empresa Prado y Pernaza, que se ha personado como acusación particular, solicitó licencia de obra para construir estas 18 viviendas, garajes y trasteros en la carretera de La Argolla, un trámite que le fue concedido en octubre de 2006 por los cuatro acusados.

Según sostiene el Ministerio Fiscal, los acusados permitieron ese trámite sin recabar el necesario informe del Gobierno de Cantabria y lo hicieron porque "eran conscientes" de que el informe no sería favorable a la construcción.

La petición del Ministerio Público también incluye la anulación del acuerdo y la consiguiente demolición de lo ilegalmente construido, a cargo de los acusados, con la reposición del suelo a su estado anterior, y con la responsabilidad civil subsidiaria —en caso de que estos no respondan— del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.

Frente a esto, la defensa del Ayuntamiento de San Vicente considera que la acusación, ejercida por un particular, hace una "lectura parcial e interesada" de la legislación, ya que el suelo en que se edificaron las viviendas estaba calificado como urbano.

El Ayuntamiento sostiene que el suelo no estaba afectado por la protección establecida en la Ley que declaró Oyambre como Parque Natural, y como luego recogieron las Normas Subsidiarias del municipio de 1983 y su posterior revisión de 1993 (en concreto, Suelo Urbano Residencial).