La Junta se ha mostrado "extrañada" por el recurso de Banesto ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el impuesto sobre depósitos bancarios de la Junta de Andalucía, toda vez que el Gobierno andaluz apunta que "eso no sería viable, tanto porque el banco no está legitimado para eso como porque estaría fuera de plazo", según han indicado a Europa Press fuentes de la Junta.

Las fuentes insisten en la escasa viabilidad de dicho recurso "ni por plazo, ni por legitimación", toda vez que, según apuntan, conforme, a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Banesto "carecería de legitimación, dado que conforme a dicha Ley Orgánica están legitimados para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad cuando se trate de Estatutos de Autonomía y demás Leyes del Estado, orgánicas o en cualesquiera de sus formas, y disposiciones normativas y actos del Estado o de las comunidades autónomas con fuerza de Ley, el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados o 50 senadores".

Asimismo, agregan, aludiendo a dicha Ley Orgánica del TC, que "para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad contra las leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley del Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía, están también legitimados los órganos colegiados ejecutivos y las asambleas de las comunidades autónomas, previo acuerdo adoptado al efecto".

Además, la Junta recuerda que dicho recurso "tampoco estaría en plazo, dado que según dicha Ley Orgánica, el recurso de inconstitucionalidad se formula dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la Ley, mediante demanda presentada ante el Tribunal Constitucional, en la que deberán expresarse las circunstancias de identidad de los órganos que ejercitan la acción y, en su caso, de sus comisionados, concretar la Ley, disposición o acto impugnado, en todo o en parte, y precisar el precepto constitucional que se entiende infringido", por lo que "estaría fuera de plazo".

El impuesto sobre depósitos ya se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en 2010 y ya entró en vigor el 1 de enero de 2011.

Banesto ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional el impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito aprobado por la Junta de Andalucía el pasado mes de diciembre.

Según consta en la memoria de 2011 de la entidad presidida por Antonio Basagoiti, recogida por Europa Press, este litigio se sumará al proceso iniciado contra la Junta de Extremadura por fijar una tasa análoga en 2002.