El consejero de Hacienda y Recursos Humanos del Ejecutivo de Ceuta, Francisco Márquez (PP), ha presentado el conjunto de medidas contenidas en el 'Plan de Estabilidad Presupuestaria' y las 'Bases para la reordenación del sector público periférico' de la Ciudad aprobadas por el Consejo de Gobierno local en sesión extraordinaria con el propósito de ahorrar "alrededor de ocho millones de euros", entre las que se encuentra, entre otras, eliminar la jornada partida en su administración, poner tope según la renta a medidas sociales o becas de estudio o hasta prohibir viajar en preferencia.

El Ejecutivo local del PP ha decidido establecer techos máximos de renta para el acceso a ayudas sociales y becas al estudio, eliminar los viajes y cenas para mayores, prohibir los viajes de sus representantes en clase preferente, fusionar empresas municipales y adoptar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que organice las retribuciones y funciones de los empleados a cargo de la Administración.

Márquez ha advertido a los representantes del personal de la Administración local de que si no se llega a un acuerdo para firmar un nuevo Convenio Colectivo y Acuerdo Regular para los 1.200 trabajadores del Ayuntamiento "antes del 31 de marzo" el Ejecutivo de Juan Vivas "suspenderá la ejecución" del vigente, prorrogado sin denuncia de las partes desde 2008.

Los documentos prevén la eliminación de "todas las jornadas partidas y especiales prescindibles" que perciben cientos de empleados de la Administración local, así como la suspensión de cualquier oferta de empleo público y la congelación de todos los procesos de promoción interna y consolidación de empleo "con el objetivo de mantener todos los puestos de trabajo públicos hasta el límite de nuestras posibilidades".

Además, el Ejecutivo local prohibirá los desplazamientos de sus representantes en clase preferente, eliminará los viajes y cenas para Mayores y fijará "techos máximos de renta" para acceder a determinadas ayudas sociales y becas al estudio.

El Gobierno ceutí se propone, igualmente, reducir su entramado de empresas municipales, organismos autónomos, fundaciones y otros entes públicos, que actualmente agrupa a casi veinte sociedades, hasta dejarlo en la mitad. Esta "reordenación" se tramitará "en paralelo" con un proceso de "homogeneización" de salarios y "reasignación" de personal que, se espera, arroje un ahorro de "al menos 3,5 millones de euros".

Todas las empresas de titularidad pública deberán, además, someterse a 'Planes de empresa' particulares siguiendo "el ejemplo" del aplicado ya en la Empresa del Agua, donde se han suprimido dos de las cinco pagas extraordinarias que percibía su plantilla.

La Consejería de Hacienda y Recursos Humanos presentará este viernes a la Mesa General de Negociación de la Administración local su proyecto de Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un documento del que la Ciudad carece pese a ser un requisito legal y sobre cuyos parámetros se establecerán las nuevas escalas laborales y retributivas de los empleados públicos locales.

El también diputado nacional ha presentado como "inevitables" la adaptación de estas y otras medidas de "austeridad" a la vista del deterioro de la situación económica general.

Los ocho millones de euros de ahorro previstos se destinarán "al pago de la deuda acumulada con proveedores y al saneamiento de la financiera".