El PSOE pide no cambiar el decreto regional de prestaciones sociales para no dejar "sin nada" a más de 1.400 logroñeses

La concejala del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Pilar Criado, ha reclamado este martes que no se modifique el decreto regional de prestación de Servicios Sociales para no dejar "sin nada" a más de 1.400 logroñeses, ya que ese cambio, en sus palabras, "endurece" los requisitos para lograr ayudas e ingresos mínimos de inserción.
Pilar Criado
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EUROPA PRESS
Pilar Criado

La concejala del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Pilar Criado, ha reclamado este martes que no se modifique el decreto regional de prestación de Servicios Sociales para no dejar "sin nada" a más de 1.400 logroñeses, ya que ese cambio, en sus palabras, "endurece" los requisitos para lograr ayudas e ingresos mínimos de inserción.

Criado, en rueda de prensa, ha dado a conocer la moción que, en este sentido, va a presentar su formación en el pleno ordinario de febrero, que el Ayuntamiento prevé celebrar este jueves. "Pedimos que el pleno muestre su disconformidad con la modificación del decreto que va a afectar a muchos logroñeses", ha reseñado la edil.

Igualmente, en la moción se solicita que la representante municipal en el Consejo Riojano de Servicios Sociales -en este caso, la concejala de Política Social, Paloma Corres- "que se muestre contraria a esta modificación y que reclame el mantenimiento del decreto como está actualmente".

Criado ha explicado que la modificación de este decreto plantea cambios "en el ingreso mínimo de inserción (IMI), para personas que necesitan una inserción sociolaboral; y en las ayudas de inclusión social, que son prestaciones económicas que se dan para necesidades básicas de las familias".

De este modo, "la cobertura de las personas sin ingresos, de las personas que no tienen nada", supone 372,76 euros al mes por el IMI y de 357,70 euros mensuales en el caso de las ayudas, "con lo que se puede llegar para poco, pero es que es lo mínimo, para que puedan sobrevivir".

Estas prestaciones sociales se solicitan, ha dicho la concejala, en los ayuntamientos, y son los centros sociales municipales quienes se encargan, tras realizar un informe exhaustivo, de elevar las peticiones a la Comunidad "que debe ser la encargada de garantizar la cobertura de los mínimos necesarios para la supervivencia".

"No es el momento, con la crisis, el aumento de la pobreza y el desempleo que vivimos, de endurecer los requisitos necesarios para acceder a estas ayudas", ha subrayado Criado, quien ha recordado que, al comienzo de la puesta en marcha de estas prestaciones, en 1999, se planteaban en torno a 75 peticiones".

A partir del año 2006, se fue creciendo, "hasta llegar a las 1.140 de 2009, 1.287 en 2010 y, el año pasado, en torno a 1.400 personas", por lo que ha calculado que, en este ejercicio, "podrían ser muchas personas las que se quedaran sin ayuda". Por parte de la Comunidad, en 2011 se dieron 887 prestaciones -672 IMIs y 215 ayudas-, con un presupuesto de 4 millones de euros.

Con estas cifras, a su juicio "queda demostrada la necesidad de estas ayudas, que es lo último que les queda a muchos ciudadanos de Logroño y de La Rioja, pero, con las dificultades que pretende poner el Gobierno regional, muchas de estas personas se podrán quedar sin este mínimo".

Las medidas que se pretenden introducir en el decreto es, según Criado, "el aumento de 1 a 3 años en el empadronamiento; que se lleve un año sin ninguna otra ayuda -lo que incluye el subsidio de desempleo-; y, además, la Comunidad se reserva tres meses de silencio administrativo para poder conceder las ayudas".

A ello ha sumado "las razones que dan para este endurecimiento: que piden las prestaciones gente que no las necesita, cuando vienen avalados por informes de los centros sociales municipales; o, lo que es peor, que tener las ayudas les puede hacer no coger empleos que se les ofrezcan, cuando todos sabemos que hay bofetadas por tener un puesto de trabajo, es casi una ofensa para gente que lo pasa mal".

Este endurecimiento "va a producir que muchos de los ciudadanos que se van a quedar sin nada, se vuelvan a sus ayuntamientos para pedir ayudas de emergencia social, que no deja de ser ayudas puntuales para pagar el alquiler o la luz", una situación que, como ha advertido "puede producir una importante sobrecarga en los servicios sociales municipales".

"Hay que preguntarse porqué el PP siempre empieza recortando o congelando lo mínimo, y no acaba con las chiquibecas para rentas de 240.000 euros. Esto es un recorte encubierto, no se recorta la partida presupuestaria, pero sí la gente que la va a poder pedir y a la que se le va a dar. Y son casos de gente que no tiene ni para comer", ha finalizado.

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