La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios ha recibido de una empresa de telefonía móvil un contrato de voz en el que supuestamente una socia de Consumur contrata tres líneas de telefonía pero la voz no corresponde a la de la reclamante.

Según informa Consumur en nota de prensa, la reclamante tuvo conocimiento en junio de 2011, a través de su entidad bancaria, de la existencia de una deuda de 95,62 euros de una empresa de telefonía.

Ante este hecho, y desconociendo a qué correspondía la citada deuda, se pone en contacto con distintas compañías, proporcionando nombre y DNI, siendo informada de que no tenía ninguna deuda con ellas.

En octubre de 2011, recibe una carta de una empresa de recobros en la que se le notifica que mantiene una deuda con una de ellas por importe de 1.001,86 euros.

La reclamante se pone en contacto en varias ocasiones con la empresa de telefonía para intentar solventar el error, notificándole ésta que no constaba ninguna reclamación a su nombre y que no se preocupara por la incidencia presentada.

Ante la falta de soluciones propuestas por la compañía telefónica, a finales del pasado mes de noviembre, la reclamante acudió a Consumur, cuya Asesoría Jurídica se dirigió a la reclamada, solicitando una copia del contrato suscrito por la reclamante, quien asegura no mantener ninguna relación contractual con la misma.

A mediados del mes de enero, la compañía hace entrega a Consumur de una grabación del supuesto contrato suscrito por la reclamante, verificándose en este momento que la voz no corresponde a la misma, aunque sí su nombre y documento nacional de identidad.

A través de la grabación se constata que efectivamente se ha realizado la contratación de varias líneas telefónicas, pero a través de una contratación fraudulenta, al tratarse de una suplantación de identidad.

La asociación ha dado traslado del expediente a la Junta Arbitral de Consumo de la Región de Murcia, con el fin de que sea éste organismo quien se pronuncie sobre la presente reclamación, anulando la relación contractual y solicitando la cancelación de los datos de cualquier registro de impagados en los que la reclamante pudiera hallarse.

La reclamante no descarta denunciar los hechos de suplantación de identidad ante las autoridades competentes.