El Gobierno regional ha propuesto a los sindicatos, reunidos este martes en la Mesa General de Negociación de la Función Pública, medidas para dar "continuidad" a la Ley del Tijeretazo y un aumento de jornada semanal de los empleados públicos a 37,5 horas de jornada laboral semanal, según informó CCOO en un comunicado de prensa.

Las Federaciones del Área Pública de CCOO-RM, Sanidad, Educación y Servicios a la Ciudadanía, han mostrado su rechazo a estas propuestas al finalizar la reunión.

Concretamente, CCOO indica que la jornada semanal "tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos", tal como se establece en un una Propuesta de Acuerdo de la Mesa General en relación a las medidas reguladas en la Ley 6/2011 sobre condiciones de trabajo de los empleados públicos.

En este sentido, el sindicato dice que le sorprende tanto la "sinceridad" del nuevo consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, que "asume que el aumento de la jornada laboral supondrá destrucción de empleo, y no poco, y la sorpresa, valga la redundancia, de las organizaciones sindicales que en febrero de 2011 firmaron los acuerdos que dieron lugar a la Ley 1/2011 o Tijeretazo Bis".

A su juicio, dicha Ley "no sólo no fue derogada el 31 de diciembre de 2011, como ya advirtió en su momento CCOO, sino que se ha prorrogado, y a peor, con la Ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia para 2012".

La Propuesta de Acuerdo incluye otras propuestas supuestamente "bien vistas" por las organizaciones sindicales, según CCOO, como por ejemplo, el "cómputo en días hábiles de los permisos y licencias de los empleados públicos, como si dicha condición no venga impuesta por el Estatuto Básico del Empleado Público".

Asimismo, la Comunidad propone un Programa de Control del Absentismo laboral y la redistribución de efectivos "muy avanzados ambos" pero de los que no hemos visto "ni rastro". Asimismo, la Administración también plantea el anteproyecto de Ley de la Función Pública de la Región de Murcia "que ya va por su 28 ó 29 versión y en cuya redacción han participado numerosos expertos en la materia".

A CCOO no le cabe duda de que tales medidas "serán analizadas por cuando las tengamos", pero añade que, por ahora, especular "no es una buena opción menos aún en estos momentos de profunda y prolongada crisis económica que amenaza con destruir un empleo público fundamental para el mantenimiento del Estado del Bienestar".

CCOO recuerda que no firmó el acuerdo de febrero de 2011 porque para el sindicato "era fundamental la permanencia del empleo público, no su destrucción a partir de aumento de la jornada laboral semanal a 36,30 horas con la consiguiente pérdida de la calidad de los servicios públicos".

El nuevo consejero de Economía y Hacienda ha reconocido, "después de un año, que indudablemente un aumento de la jornada laboral supone pérdida de empleo", señala CCOO.

En opinión de CCOO, la Administración regional "no debe sorprenderse si el debate interno que desarrollará nuestra organización llega a las mismas conclusiones a las que llegó hace casi un año, y es que las líneas rojas pasan por el mantenimiento del empleo público, por las 35 horas de jornada semanal y por la defensa de los servicios públicos de educación, sanidad, servicios sociales y apoyo administrativo, y de su calidad".

CCOO considera que el "sacrificio" de los empleados públicos "ha sido suficiente", y recuerda que, en febrero de 2011, planteó una batería de medidas económicas "que supondrían alivio para las arcas regionales vía aumento de impuestos a ingresos superiores a los 60.000 euros anuales, lucha contra la economía sumergida y la recuperación de determinados impuestos como el de Patrimonio que el Gobierno regional se niega a recaudar, entre otras cosas".

Estas medidas "fueron desdeñadas por la Administración regional que contó entonces con la complicidad, o la credulidad, de los sindicatos que suscribieron el 'Tijeretazo bis'", reprocha.

A finales de enero de 2012, CCOO vuelve a reiterar que los sacrificios de los empleados públicos "han sido suficientes y se han ampliado en exceso en el tiempo, creyendo necesario mirar para otro sitio buscando nichos de fraude y corresponsabilidad de todos los sectores sociales, especialmente los más favorecidos, en la superación de la crisis económica".