Cargos electos de Bildu y Aralar han trasladado este sábado su adhesión a la manifestación convocada, para el próximo 4 de febrero en Bilbao, contra los recortes sociales convocada, entre otros, por los sindicatos ELA y LAB y una veintena de organizaciones sociales y sindicales del País Vasco y Navarra, al tiempo que han anunciado que secundarán el paro de cuatro horas que tendrá lugar el 9 de febrero con la misma reivindicación.

En un acto político en San Sebastián, en el que han tomado parte más de un centenar de cargos electos de Bildu y Aralar, entre los que se encontraban el alcalde donostiarra, Juan Karlos Izagirre, la juntera de Bildu en Gipuzkoa Idoia Ormazabal, y la de Aralar Rebeka Ubera, Onintza Lasa y Bikendi Barea han hecho público un comunicado en euskara y castellano, respectivamente, a través del cual han mostrado su adhesión a las citadas movilizaciones convocadas por la mayoría sindical nacionalista vasca.

Además, han censurado que PNV, PSE, PP y UPN sigan defendiendo el sistema que ha llevado "al desastre" en lugar de reconocer su "responsabilidad" como promotores de la actual crisis del capitalismo.

En este sentido, han censurado que se intente "profundizar" en las medidas que han dado lugar a la "crisis con mayúscula, crisis del sistema", con "recortes" en los servicios públicos, incrementando la "precariedad" laboral y "aplicanto todo el peso en quienes más necesidades tienen" con desahucios, negando crédito y dando "dinero de nuestros bolsillos" a las entidades financieras.

Asimismo, han denunciado que el Gobierno central del PP pretende una "centralización" política y económica, así como acometer "medidas antisociales" que están secundando "con desvergüenza" tanto el lehendakari, Patxi López, como la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina.

Lasa y Barea se han comprometido a trabajar contra el modelo neoliberal e impulsar otro modelo "nuevo, democrático y de izquierdas" que cambie la situación "de raiz" haciendo posible un marco vasco de relaciones laborales, una fiscalidad "más justa" y adoptando las decisiones "entre todos".

A su juicio, es posible hacer otra política que impulse los servicios públicos, un marco sectorial que regule las condiciones de trabajo mejorando la calidad de vida y han trasladado su voluntad de trabajar en esa línea con agentes políticos y sindicales. "No estamos dispuestos a cualquier cosa, que no cuenten con nosotros para llevar a caso las reformas que pretenden", han afirmado.