El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha asegurado este viernes que si han sido imputados tres directores generales de Trabajo de la Junta, en relación a Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, —éste último aún el cargo—, por su presunta implicación en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), "se está al límite de imputar y señalar claramente a más altas responsabilidades del Gobierno andaluz".

En declaraciones a Europa Press, Valderas ha apuntado que el último auto de la juez Mercedes Alaya, encargada de la investigación, pone al descubierto que "hay que una responsabilidad o irresponsabilidad del Gobierno andaluz por acción u omisión". "Hablar de un dispendio intencionado es tanto como asegurar que ha consentido corrupción consentida o permisividad ante la corrupción ante una ordenación de pagos injustificada", ha añadido.

El líder de la federación de izquierdas ha considerado que este asunto empieza a tomar "alcance" y a parecerse a "una cueva de Alí Babá", ante lo que, a su juicio, ha representado "una dejación del necesario control y fiscalización que tienen que tener los fondos públicos y, máxime la Consejería de Empleo".

En su opinión, se ha puesto de manifiesto "la incapacidad y falta de celo del Gobierno de la Junta en controlar de manera exahustiva los fondos destinados al empleo". "Indiscutiblemente, la permisividad y la continuidad de intrusos pone de manifiesto esa incapacidad de control de la Junta y la falta de celo sobre los fondos públicos", ha insistido Valderas.

Finalmente, ha subrayado que este asunto "engorda en la medida en que se profundiza" en el mismo y ha destacado que "todo hace parecer" que Guerrero "no estaba solo". Según ha apuntado, "aunque siempre haya que presuponer la presunción de inocencia, esto empieza a ponerse de color negro y las implicaciones se amplían".