La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía, ha solicitado a la Junta que remita "un cuadro resumen" de las ayudas abonadas desde 2001 hasta 2011 por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) mediante transferencias de financiación a las consejerías de Gobernación y Justicia, Presidencia, Innovación, Ciencia y Empresa, Turismo y Deporte, y Medio Ambiente.

En el auto de 42 páginas dictado este mismo viernes, consultado por Europa Press, la juez Alaya exige asimismo a la Junta de Andalucía que aporte las comunicaciones a la Comisión Europea y, a su vez, las autorizaciones de dicha comisión relativas a las "ayudas de Estado" concedidas a empresas por las "diferentes" consejerías y superiores a 200.000 euros en tres ejercicios fiscales, o de 100.000 euros en el caso de empresas dedicadas al transporte por carretera, también en este caso desde 2001 hasta 2011.

En el mismo sentido, solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores la relación de "ayudas de Estado" concedidas a empresas por las diferentes consejerías, en las mismas condiciones económicas descritas anteriormente, "que hayan sido remitidas para su aprobación por la Comisión Europea, a través de la representación permanente española en la UE", desde 2001 hasta la actualidad.

En el mismo auto, la magistrada imputa en el procedimiento a otras 18 personas, como son, entre otros, el actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, y a su antecesor, Juan Márquez, que han ocupado el cargo en la actual legislatura y que sucedieron en el cargo a Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el caso; el secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca, y el secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez, además de abogados de Garrigues y de Estudio Jurídico Villasís.