El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ha declarado este jueves, ante la Guardia Civil, que durante el desempeño de su cargo nunca adoptó "decisiones unipersonales" y que las ayudas libradas directamente a través del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) con cargo a la partida presupuestaria 31L respondieron a "codecisiones compartidas". La comparecencia de Guerrero, cabe precisarlo, se enmarca en la investigación que promueve la juez Mercedes Alaya sobre una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a estos fondos, así como su destino general.

la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso de dichos fondos, reclama a la Junta de Andalucía la "copia íntegra" de absolutamente toda la documentación de unos 84 expedientes de ayuda ya solicitados en autos previos del 16 de abril y 14 y 27 de septiembre. Igualmente, reclama el informe que el viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, encargó en julio al consejero de Empleo, Manuel Recio, sobre la tramitación de la orden dictada por el segundo de ellos para encomendar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) "la materialización referente a los programas sociolaborales y las ayudas excepcionales dependientes de los mismos". Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga esta presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años la segunda de las instituciones habría librado 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

El destino de los fondos

Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Hasta el momento, la Consejería de Empleo ha detectado un total de 72 prejubilaciones totalmente falsas, extremo que investiga la citada instancia judicial.