El aumento con "carácter temporal" del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) este año y el que viene aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado 30 de diciembre supondrá para las arcas del Ayuntamiento de Madrid unos ingresos adicionales de 35,4 millones de euros en 2012 y en 2013.

La delegada municipal de Hacienda, Concepción Dancausa comunicó este jueves las previsiones del Consistorio en la comisión del ramo, donde explicó que el crecimiento del tipo, que será de un 4% en el caso de Madrid ciudad, significa pasar del 0,581 por ciento en el tipo general al 0,604. No se verán afectadas las viviendas con un valor catastral inferior a los 89.237 euros, lo que se traduce en un total de 716.176 hogares.

Como informó 20 minutos, serán 700.000 los madrileños que veran incrementarse su recibo, que vendrá acompañado, además, de una subida adicional: el 'catastrazo' aprobado por Alberto Ruiz Gallardón en junio de 2011. En total, pagarán un 9,7% más de media (31,3 euros adicionales). En 2011, el contribuyente estándar pagó 322,7 euros.

Pero el decreto de subida del IBI, y destinado a reducir el déficit del Estado, tendrá otras consecuencias en el Ayuntamiento, "aplicables a todo el sector público y que son de obligado cumplimiento", recordó Dancausa.

Entre ellas se encuentran la congelación de sueldos para los trabajadores del Ayuntamiento, organismos autónomos y empresas públicas y la imposibilidad desde este año de hacer aportaciones municipales a los planes de pensiones.

También se incluye la prohibición de incorporar nuevo personal menos en los casos de anteriores ofertas de empleo público así como la de contratar a nuevo personal temporal o nombramientos de interinos salvo "en casos excepcionales o para cubrir necesidades urgentes e inaplazables o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos".

El Ayuntamiento está ahora a la espera de un informe ministerial sobre las horas de trabajo de los empleados públicos (no inferior a 37 horas y 30 minutos semanales en el Ayuntamiento) ya que el Consistorio entiende que el Real Decreto no afecta al conjunto de corporaciones locales.