En un intento de prevenir futuras burbujas inmobiliarias, el Parlamento Europeo quiere que no se concedan hipotecas sin garantías reales de pago. De momento, la comisión de Mercado Interior del Europarlamento ha dado luz verde a un proyecto de directiva que prohíbe la concesión de hipotecas a consumidores que no tengan capacidad para reembolsar el crédito.

La directiva "sobre los contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial" obliga a los prestamistas a denegar los créditos que no tengan garantías de pago y obliga a los Estados miembros a velar porque se cumpla esa máxima mediante bases de datos de solvencia de los consumidores.

Según esta iniciativa, los Estados miembros velarán por que los consumidores faciliten a los prestamistas información completa y veraz sobre su situación financiera al pedir el crédito. Para avalar esa información "se podrán pedir pruebas documentales de fuentes que puedan verificarse de manera independiente".

Además, los Estados miembros tendrán que velar porque los prestamistas (entidades de crédito, principalmente) puedan acceder a unas bases de datos sobre la solvencia del consumidor para verificar que este cumple con las obligaciones crediticias durante toda la vigencia del contrato hipotecario.

Esas bases de datos serán gestionadas por agencias de información crediticia o agencias de referencia de crédito privadas y registros públicos de crédito.

Los criterios de solvencia deberán además ser unificados en los Veintisiete para que todos los consumidores de la UE tengan las mismas obligaciones y los mismos derechos al contratar una hipoteca. Esta directiva será también sometida a votación en la comisión de Economía del Parlamento Europeo.

Para el 70% de los ciudadanos comunitarios, las hipotecas son el compromiso financiero más importante y prolongado de su vida. En 2009, el valor total de los créditos hipotecarios ascendió a 6.126 millones de euros, es decir, el 52% del PIB de la UE.