¿Por qué Camps y Costa son declarados "no culpables" en lugar de "inocentes"?

  • La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el veredicto en España sea de "culpabilidad o inculpabilidad".
  • Un experto penalista aclara algunos de los términos jurídicos más comunes.
El expresident de la Generalitat, Francisco Camps (a la derecha), sale del Consejo Jurídico Consultivo en Valencia.
El expresident de la Generalitat, Francisco Camps (a la derecha), sale del Consejo Jurídico Consultivo en Valencia.
Kai Försterling / EFE

Cuando el jurado popular encargado de juzgar al expresident de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el exsecretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, emitió su veredicto de "no culpabilidad", mucha gente se preguntó por qué no los habían declarado "inocentes". ¿No sería esa acaso una manera mucho más directa de proclamar su inocencia?

La razón para el  uso de esta terminología no es caprichosa, obedece a lo que establece nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, como explica a 20minutos. es el experto en Derecho Penal Álvaro Vidal.  "Existe una presunción de inocencia y hay que probar la culpabilidad", explica. "La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el veredicto será de culpabilidad o inculpabilidad. El legislador lo ha establecido así. Y el veredicto, por tanto, será de culpable o no culpable. Si la persona es declarada no culpable, se la absuelve".

Gracias al juicio a Camps y Costa conocimos la diferencia entre un cohecho propio (aquel del que se obtiene un beneficio directo) e impropio (se obtiene un beneficio indirecto) y activo (el que ofrece dinero o regalos a un funcionario o cargo público para realice algún acto delictivo) y pasivo (el que realiza quien acepta un regalo o dinero para realizar actos relacionados con el ejercicio de su cargo). "El cohecho es uno de los delitos más complejos del Código Penal, al que se le dedican gran cantidad de artículos y tienen dos millones de matices", explica Vida.

Este penalista, con muchos años de experiencia detrás, nos ayuda a aclarar y simplificar algunos términos jurídicos con los que convivimos a diario en las noticias, y abogada por  "acercar la justicia al pueblo, utilizando términos comprensibles para todo el mundo".

  • Declaración de hechos probados. Antes de emitir un veredicto, hay que probar los hechos. Si los hechos se consideran  probados, habrá que determinar si el acusado es culpable o no de la realización de los mismos. Si se establece que el acusado es culpable se emite una sentencia condenatoria, si es no culpable, se emite una sentencia absolutoria. Las sentencias las redacta el juez.
  • Magistrado/ Juez. Son casi lo mismo. La única diferencia es que un juez es el que lleva en la carrera judicial menos de 5 años.
  • Imputado. En el procedimiento penal hay un acto formal esencial que es la imputación, la atribución de un hecho delictivo a una persona. Hasta que este acto formal no se realiza la persona no puede actuar en el procedimiento y no puede hacer uso de sus derechos procesales: derecho a la defensa, a proponer pruebas, etc... de ahí que sea fundamental.
  • Procedimiento abreviado. Es el procedimiento que se sigue para enjuiciar delitos menos graves con penas previstas privativas de libertad inferiores a 5 años. Cuando se habla de una persona a la que se ha acusado formalmente en un procedimiento abreviado hablamos de imputado.  La competencia para enjuiciarlos es del Juzgado de lo Penal, es decir de un solo juez.
  • Procedimiento sumario u ordinario. En este caso hablamos de procesados, y es el procedimiento previsto para enjuiciar delitos graves con penas previstas superiores a 5 años: agresiones sexuales, asesinatos... La competencia para enjuiciarlos es de la Audiencia Provincial, es decir 3 jueces. En casos concretos, como los enjuiciamientos de los diputados,... los juzga el Tribunal Supremo, en una sala con 5 magistrados.
  • Ministerio Público. Cuando se habla de Ministerio Público se habla del Ministerio Fiscal.
  • Acusación Popular. Aquella que se ejercita cuando hay asociaciones que defienden los intereses colectivos. Además de esta, existen otras dos: la que ejerce la Fiscalía y la particular, que ejerce el ofendido o perjudicado (estas dos figuras ofendido y perjudicado, suelen coincidir, pero no siempre).
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