ATA espera que la Ley de Emprendedores consiga que ser autónomo en España "deje de ser un calvario"

Su presidente, Lorenzo Amor, confía en que se "aclare" las causas en las que un despido puede ser procedente
Lorenzo Amor
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EUROPA PRESS
Lorenzo Amor

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) confía en que la Ley de Emprendedores, que, según ha anunciado este jueves, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se aprobará este trimestre, consiga que ser autónomo en España "deje de ser un calvario" y sea una forma de ocupación "tan digna como otras".

Así lo ha afirmado en Santander el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien ha "celebrado" el anuncio de Montoro sobre esta Ley puesto que, a su juicio, no sólo de una prioridad, sino de una necesidad".

Amor ha valorado en esta rueda de prensa las rebajas fiscales para las pequeñas empresas que está previsto que incluya esta Ley de Emprendedores.

Según ha señalado, el país "no se puede permitir" el "lujo" de que "sólo" el 3 por ciento de los jóvenes menores de 30 años han puesto en marcha una actividad económica.

Ha subrayado que "los emprendedores de hoy serán los empresarios del mañana" y se necesita jóvenes con "ánimo" y dispuestos a "asumir riesgos" para crear actividad económica y empleo.

Por otra parte, el presidente de ATA ha confiado en que la Ley de Emprendedores consiga que España deje de ser, según ha dicho, uno de los países donde "más difícil" es crear un negocio por las "trabas" burocráticas y administrativas que existen.

Ha explicado que, actualmente, en España hay 1,5 millones de autónomos "en la cuerda" floja "sin demanda", sin posibilidad de acceder al crédito y "asfixiados" por la morosidad y unas cotizaciones sociales a las que "no llegan", una situación que, según ha señalado, obliga a que el Gobierno de España "cumpla sus compromisos" con este colectivo.

En su opinión, el hecho de que, en 2011, se dieran de baja cada día 1.588 autónomos —que, según ha dicho, han vivido un "ERE silencioso"— debe "hacer reflexionar".

Amor ha insistido en que los autónomos han sido aquellos que están soportando "más duramente" la crisis económica, más, según ha dicho, que las grandes empresas.

Según los datos aportados, mientras que desde el inicio de la crisis han cerrado 51 empresas de más de 100 de trabajadores, se han dado de baja 350.000 autónomos.

A su juicio, "no se puede seguir con esta sangría de autónomos" y hay que aumentar el número de emprendedores y poner en marcha medidas que "faciliten" su labor.

Adelanto del iva

Por otra parte, Amor ha explicado que el próximo lunes, 30 de enero, los autónomos tendrán que pagar el IVA correspondiente al cuarto trimestre de 2011, en el que "adelantarán" al Estado unos 215 millones de euros del IVA de trabajos facturados y no cobrados, algo que espera que sea la "última vez" que ocurra porque —ha dicho— los emprendedores no pueden actuar como "bancos del Estado".

Ha asegurado que espera que el próximo 30 de abril, cuando los autónomos tengan que pagar el IVA del primer trimestre de 2012, sólo deban abogan el impuesto correspondiente a las facturas por trabajos ya cobrados. Según ha señalado, no pueden adelantar un dinero al Estado cuando los autónomos y emprendedores lo necesitan para seguir adelante con sus negocios.

Acuerdo de moderación salarial

Por otra parte, y a preguntas de los periodistas, Amor ha considerado "importante" el acuerdo alcanzado esta semana por la patronal y los sindicatos para la moderación salarial.

Sin embargo, ha opinado que España "necesita algo más", una reforma laboral, según ha dicho, "mucho más ambiciosa" que dé respuesta a los 5,4 millones de parados y que "no sólo sirva para generar empleo, sino también para mantenerlo".

En esta reforma laboral, ATA espera que se tengan en cuentan las propuestas de los autónomos porque, a su juicio, una reforma laboral sin autónomos es como "una película con un gran guión pero sin actores".

Amor ha abogado por la "necesidad" de que la reforma laboral aporte mecanismos de flexibilización interna, favorezca la contratación y haga que el despido sea "el último recurso" al que acuda un empresario para el mantenimiento de una actividad económica.

Ha opinado que el acuerdo alcanzado está "muy bien" para aquellas empresas que tienen comité de empresa y representantes sindicales —un 20%— pero para el 80 por ciento restante "no sirve".

En este sentido, ha abogado por que España "imite" los modelos de algunos países europeos, como Alemania, que entienden que, en materia de negociación colectiva, "no se puede meter en el mismo saco" a una multinacional que a una empresa de dos trabajadores.

Amor ha defendido que se necesita una reforma laboral "cuanto antes" y ha advertido que las contrataciones han descendido porque hay empresarios que están esperando a su aprobación y, a su juicio, "eso no es bueno".

Aclarar el despido procedente

Cuestionado por los periodistas, el presidente de ATA se ha mostrado en contra del abaratamiento del despido, si bien ha pedido que se clarifiquen las causas en las que el empresario puede acogerse al denominado despido objetivo por causas económicas, técnicas u organizativas, en el que hay que indemnizar al trabajador con 20 días por año trabajado y no 45.

En su opinión, ha defendido que "hay que facilitar" al empresario que "no tenga más remedio" que acudir al despido para mantener su actividad.

Según ha señalado, de esta forma será "más fácil" quitar al empresario el "miedo atroz" a contratar sin saber si su actividad le permitirá, en un momento dado, afrontar la indemnización al trabajador despedido.

Sin embargo, ha aclarado que esto no significa que esté de acuerdo con el contrato único que prevé una indemnización de 20 días por año trabajado en todos los casos.

Responsabilidades penales para las administraciones

Además, el presidente de ATA ha "aplaudido" las responsabilidades penales anunciadas por Montoro para aquellos gestores públicos que no se ajusten a los Presupuestos.

En su opinión, "no puede ser" que los ciudadanos estén pagando los "desmanes" de aquellos que "no han sabido gestionar el dinero público como si fuera suyo".

Se ha preguntado cómo no va a tener responsabilidades penales un gestor público que "arruine" a los ciudadanos, cuando un empresario puede ir a la cárcel si descapitaliza su empresa.

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