Sanz afirma que el 6 de febrero habrá una reunión de Consejos Reguladores para parar la directiva sobre el SO2

El presidente del Gobierno de La Rioja Pedro Sanz ha anunciado esta mañana que el próximo 6 de febrero los Consejos Reguladores de las diversas denominaciones españolas se reunirán para discutir la directiva europea sobre biocidas 98/8, que prohíbe el uso del dióxido de azufre (SO2). Este compuesto se usa en la limpieza de las barricas y para evitar su prohibición, es necesario presentar un informe técnico ante la Unión Europea en mayo.
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El presidente del Gobierno de La Rioja Pedro Sanz ha anunciado esta mañana que el próximo 6 de febrero los Consejos Reguladores de las diversas denominaciones españolas se reunirán para discutir la directiva europea sobre biocidas 98/8, que prohíbe el uso del dióxido de azufre (SO2). Este compuesto se usa en la limpieza de las barricas y para evitar su prohibición, es necesario presentar un informe técnico ante la Unión Europea en mayo.

Sanz ha hecho estas declaraciones con motivo de la visita del embajador de Francia en España, Bruño Delaye. Cabe aclarar que el coste de la elaboración del citado informe ronda los 300.000 euros, que además deben ser aportados por entidades privadas. En este sentido, cabe recordar que los Consejos Reguladores franceses ya han aportado 100.000 euros.

A este respecto, el presidente regional ha aclarado que "el Gobierno de La Rioja lleva trabajando un tiempo para que los Consejos reguladores —que son las entidades a quien compete— asuman la responsabilidad, de tomar la decisión económica de aportar lo que corresponde para que ese informe llegue a término".

Así, "el Gobierno de La Rioja ha sido el motor para que esto se lleve a cabo". De hecho, la eurodiputada del Partido Popular Esther Herranz "ha trabajado con todos los consejeros de Agricultura de todas las Comunidades Autónomas para que trasladen a sus Consejos Reguladores" todos los datos relativos al hipotético informe y las consecuencias de no presentarlo.

Y es que, "el tema es técnico, no político". Se trata de una "decisión que tiene que tomar el sector". Cabe recordar que "en 2007 la UE les dio un plazo para que elaborasen un informe que justificase que no había otra alternativa y que el tratamiento de las barricas con esa fórmula no causaba ningún problema".

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