Cronología del 'caso de los trajes' que ha finalizado con la absolución de Francisco Camps

  • El jurado declaró no culpables al expresidente de la Generalitat y al el exsecretario regional del PP al no considerar probado que aceptaran regalos de Gürtel.
  • La rama valenciana de Gürtel estalló hace dos años a raíz de una investigación más amplia del juez Baltasar Garzón desde la Audiencia Nacional.
  • Cronología del caso Gürtel. | Los principales testigos del juicio.
El expresident de la Generalitat, Francisco Camps (d), y el exsecretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, durante la lectura del veredicto.
El expresident de la Generalitat, Francisco Camps (d), y el exsecretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, durante la lectura del veredicto.
KAI FOSTERLING / EFE

El veredicto del 'caso de los trajes', que ha acabado con la absolución de Francisco Camps y Ricardo Costa, llega tras 26 maratonianas sesiones celebradas desde el pasado 12 de diciembre, cuando arrancó el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El calendario inicial programado por el juez Juan Climent saltó por los aires desde los primeros días, debido a los largos interrogatorios a los que se sometió desde el principio tanto a los dos acusados como al centenar de testigos y peritos que han desfilado por el Palacio de Justicia de Valencia.

La trama valenciana

La rama valenciana de la trama Gürtel. estalló hace dos años, el 6 de febrero de 2009, a raíz de una investigación más amplia del juez Baltasar Garzón desde la Audiencia Nacional. Ese día, dos funcionarios de Justicia reclamaron a la Conselleria de Turismo el contrato de diseño y montaje del expositor de la Comunitat Valenciana en la feria Fitur a la empresa Orange Market, filial valenciana de la trama corrupta. Tres días después, la Policía detenía a su responsable, Álvaro Pérez, el Bigotes. Al día siguiente, Garzón imputó a Pérez y a otras 33 personas por este caso.

Sin embargo, la verdadera eclosión se produjo el 19 de febrero, cuando se relaciona por primera vez el nombre de Francisco Camps con la trama Gürtel. La Fiscalía Anticorrupción implica al entonces jefe del Consell por unos pagos de 30.000 euros a nombre de Orange Market. Camps comparece ese mismo día, a primera hora de la mañana, acompañado por su Gobierno para negar esa información. Sin embargo, el caso llega al TSJ valenciano, donde el juez José Flors toma las riendas de la instrucción e imputa a Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.

En los meses siguientes declararon los imputados y numerosos testigos, como el sastre José Tomás o los responsables de las tiendas de ropa. El juez Flors acotó el delito al cohecho impropio, y dejó la instrucción lista para la celebración del juicio con jurado al hallar “indicios racionales” de delito en las conductas de los imputados al aceptar supuestamente prendas de ropa de la trama corrupta. Pero el 3 de agosto, en plenas vacaciones de verano, el TSJCV, con el voto de su entonces presidente, Juan Luis de la Rúa, cuya amistad con Camps fue hecha pública en reiteradas ocasiones por el Molt Honorable, decidió tumbar la instrucción de Flors y archivó el caso.

Pero la filtración de informes policiales y el levantamiento del secreto de parte del sumario convulsionan, un mes después, el Gobierno y el PP de Camps. En esos documentos se recogen conversaciones que comprometen al secretario general del PPCV, Ricardo Costa, que acaba siendo suspendido de militancia y destituido de su cargo tras resistirse a ello en un rocambolesco mes de octubre.

Apoyo del PP y reapertura del caso

Durante esta etapa inicial, la cúpula nacional del PP, con Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal a la cabeza, mostró un cerrado apoyo a Camps, que fue posteriormente matizándose hasta acabar en un más que discreto silencio sobre el caso. Paralelamente, el azote de Camps en el Parlamento valenciano, el portavoz socialista Ángel Luna, siguió denunciando presuntos regalos y adjudicaciones de la Generalitat a la trama, lo que finalmente derivaría en otra investigación sobre presunta financiación ilegal y cohecho que afecta a varios miembros del Gobierno de Camps y que instruye en estos momentos el juez José Francisco Ceres en varias piezas separadas en el TSJCV.

La bomba de relojería estalla finalmente con la reapertura del caso de los trajes por parte del Tribunal Supremo. El resultado es demoledor: cinco votos a cero por parte de los magistrados, lo que supone una total desautorización del archivo decretado meses antes por Juan Luis de la Rúa.

A partir de entonces, y en medio de un clima político casi irrespirable por los niveles de crispación, el juez Flors termina de perfilar un caso que se niega a unir con el de presunta financiación irregular. El PP concurre a las elecciones autonómicas del 22 de mayo de 2011 con Francisco Camps como candidato imputado, aunque la dirección nacional demoró su proclamación más de lo esperado. Pese a todo, Camps revalidó la mayoría absoluta del PP con un desgaste mínimo con la crisis económica y sus problemas judiciales como telón de fondo.

Relevo de Camps en Valencia

La línea roja que no podía traspasar Mariano Rajoy llegó el pasado 15 de julio. Con las elecciones generales convocadas para noviembre y la amenaza de un juicio contra Camps eclipsando la campaña electoral nacional, el PP optó por iniciar la operación de relevo del presidente valenciano. El detonante fue la apertura de juicio oral decretada ese día contra los cuatro imputados.

Cinco días después, llegó la escenificación. El exvicepresidente Víctor Campos y el exjefe de Turismo Rafael Betoret acudieron a primera hora de la mañana al TSJCV para firmar la conformidad, lo que suponía aceptar su culpabilidad y asumir el pago máximo de la multa solicitada por la acusación. Todo estaba pactado y previsto para que acudieran también Francisco Camps y Ricardo Costa, como reveló Campos en el juicio, pero el presidente cambió de decisión a última hora y optó por anunciar su dimisión esa misma tarde como un “sacrificio político y personal” para no perjudicar a Mariano Rajoy. La renuncia de Camps allanó el camino para la celebración del juicio.

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