El sindicato CSI.F ha asegurado recibir con "estupefacción" la noticia, "comunicada con premeditación y alevosía al Comité Regional de Salud Laboral", de adjudicar a una única mutua de accidentes de trabajo la gestión de los accidentes laborales, las enfermedades profesionales y las contingencias comunes a los empleados públicos.

"La decisión de la Junta de Comunidades no responde a criterios técnicos, pues no está avalada por ningún informe, y resulta sospechoso que esta labor se adjudique a una sola Mutua, cuando no se han aportado datos de sus beneficios para el conjunto de los trabajadores", han criticado en nota de prensa.

"La propuesta, por no tacharla de ocurrencia, contempla que la nueva Mutua de Accidentes Laborales sea financiada con las cotizaciones de los empleados públicos, sin establecer cuáles serán sus servicios ni las condiciones de su prestación", han indicado.

Según este sindicato "la propuesta resulta más descabellada todavía si se tiene en cuenta que pretende incluir la colaboración de la Mutua en la gestión de las enfermedades comunes de los empleados públicos, pero obviando los detalles de esa cooperación o el tipo de control sobre incapacidades temporales, que deben ser controlados por el SESCAM".

Y es que a su juicio, "todos los indicadores conducen a pensar en que se destinan fondos públicos para beneficiar a entidades privadas, y que se hace sin ningún rubor y, por supuesto, sin informe ni auditorías que lo justifiquen, lo que hace sospechar fundadamente de todo el proceso".

"Desde CSI.F queremos denunciar este tipo de comportamientos poco responsables y, defendemos que la gestión de los fondos públicos debe basarse en criterios de racionalidad, objetividad y austeridad, con el fin de mejoren la eficacia y eficiencia de los servicios que se prestan, y garantizando siempre los derechos de los trabajadores y la mejora de su salud laboral".