El Cabildo de Tenerife ha demandado una posición firme en defensa de los intereses de la flota pesquera canaria, según el acuerdo aprobado este lunes por el Consejo de Gobierno insular, tanto respecto a la asignación de cuotas para la captura del atún rojo como a la situación de los pescadores canarios que faenan en caladeros ajenos.

A través de una nota de prensa, el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Joaquín Bethencourt, ha explicado que la propuesta insiste una vez más en las demandas que la Corporación ya planteó en el año 2009 en este sentido, por lo que se vuelve a pedir tanto al Gobierno de Canarias como al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que agilicen los trámites para que no se perjudique a la flota pesquera canaria con las cuotas de captura del atún rojo y que, por otro lado, se formalicen lo antes posible los acuerdos internacionales de pesca, ahora paralizados, o que se compense económicamente a los armadores y tripulantes afectados.

Bethencourt ha subrayado que la propuesta del Cabildo, al igual que sucedió hace tres años, insiste en que se corrija el "grave perjuicio" que provoca la orden que fija las cuotas de captura de atún rojo en la flota pesquera canaria, a la que sólo se le asigna un 1 por ciento. Además, esta regulación fija un período de veda para esta especie que precisamente corresponde con el momento de paso de los atunes por Canarias.

El Cabildo tinerfeño pide además que se incluya a la flota canaria en el grupo general de reparto y con una cuota no inferior al 7 por ciento y reclama que se elimne la veda, como se ha hecho en el caso de la flota de liña y caña del Estrecho.

También se plantea que se consulte a las federaciones y cofradías de las islas en relación a los barcos que pescan en exclusividad y los que lo hacen en alternancia con otras capturas y que se permita a los barcos de más de ocho metros de eslora (flota litoral), y que practican la alternancia, la captura del atún rojo.

La Corporación insular reclama un puerto base en cada una de las islas, para lo que reclama que se incluyan los de Puerto del Rosario (Fuerteventura) y Arrecife (Lanzarote), pero dando prioridad a este último y al de Santa Cruz de Tenerife por ser éstos base de la mayoría de flota autorizada.

Otras demandas

El acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno esta semana pide también mantener la prohibición de usar artes de cerco para la captura de atunes en las aguas del Archipiélago y que la Unión Europea regule el uso de estas mismas artes en aguas que afecten al stock atlántico oriental así como fijar una talla mínima de 30 kilos o 115 centímetros para todas las pesquerías de atún rojo

Otro problema importante al que se enfrenta la flota pesquera canaria es la falta de un acuerdo de pesca entre España y Portugal para que los atuneros artesanales tengan de nuevo opciones de capturas en aguas controladas por el gobierno luso en las cercanías de los archipiélagos de Madeira y Azores, como ocurría en los años 2009 y 2010.

Además, la decisión del Parlamento Europeo de denunciar el pasado 14 de diciembre el convenio de pesca con Marruecos ha provocado el cierre de los caladeros del banco canario-sahariano."Se da la circunstancia que en la última campaña se obtuvieron unos resultados excelentes que alcanzaron los siete millones de euros, que difícilmente se lograrán en otros caladeros de no firmarse un nuevo pacto, del que dependen directamente unas 500 personas en Canarias", detalló el consejero.

"Por otro lado, también hay que renovar el convenio con Mauritania y a todo ello se suma que las potenciales capturas en aguas canarias son muy inferiores a lo esperado de los caladeros sujetos a acuerdo, lo que prueba la enorme dependencia de los pescadores canarios a los caladeros ajenos y la vulverabilidad de la flota de grandes pelágicos", indicó Bethencourt.