La Fiscalía Anticorrupción no encuentra vinculación directa entre los negocios irregulares supuestamente ejecutados por Iñaki Urdangarin y la complicidad de su esposa, la Infanta Cristina, en el caso Nóos. Sin embargo, su relación con las empresas implicadas en la red investigada –su nombre aparece de forma reiterada en documentos y sociedades clave de la trama– la sitúa en una posición delicada. La declaración del duque de Palma y de su exsocio serán claves para entender el grado de implicación de la infanta en los negocios de su marido.

Durante los dos años de mayor actividad supuestamente delictiva –entre 2002 y 2004–, doña Cristina ocupó puestos directivos en dos empresas matrices de la red. En aquella época era vocal del Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro que Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres utilizaron para lucrarse a costa básicamente de instituciones públicas –principalmente de la Comunitat Valenciana y de las Islas Baleares–.

Empleados de este organismo han declarado ante la Policía que la presencia de la infanta era irrelevante: su puesto de responsabilidad la obligaba a acudir a las reuniones de la directiva, sin embargo, no participaba en la gestión financiera y tampoco era parte activa de decisiones estratégicas.

El auténtico talón de Aquiles de doña Cristina es la inmobiliaria Aizoon: la sociedad que comparte a partes iguales con su marido es la médula espinal de la investigación. Esta empresa recibió del Instituto Nóos entre 2004 y 2005 alrededor de 748.000 euros en concepto de apoyo logístico para eventos financiados por administraciones públicas. Anticorrupción considera que estos trabajos eran ficticios y que las operaciones podrían constituir delitos de fraude.

Los investigadores sostienen que la Infanta Cristina recibió beneficios directos de estas dudosas transacciones –los duques de Palma emplearon 600.000 euros de dinero desviado a Aizoon en la reforma de un palacete que adquirieron en Pedralbes (Barcelona)–, sin embargo, la Fiscalía no encuentra pruebas decisivas de que la esposa de Urdangarin estuviese al corriente de las irregularidades.

"La infanta ha cobrado dividendos de una sociedad fraudulenta con dos únicos accionistas: ella y su marido. Es extraño que todavía no haya sido llamada a declarar", explica el abogado Enrique Santiago. "El protocolo habitual es preguntar. Y, a raíz de la declaración, determinar si fue utilizada como testaferro o debe ser imputada. Como ocurrió con la mujer de Bárcenas, el extesorero del PP imputado por cohecho y prevaricación", matiza.

Los magistrados son reacios a realizar juicios de valor por lo delicado del tema. Sin embargo, armonizan posturas a puerta cerrada: fuentes jurídicas consultadas por 20 minutos coinciden en que cualquier ser humano no vinculado a la realeza, en una situación tan comprometida, ya tendría fecha para declarar y "probablemente estaría imputado". En caso de que finalmente testificase, la infanta no estaría obligada a declarar en contra de su marido por ser un procedimiento penal.

La conclusión en este punto de la investigación es que la hija del rey se habría beneficiado de las actividades ilegales de la trama, pero no participó en la toma de decisiones. Las pruebas la absuelven. Pero, ante las dudas razonables sobre su inocencia, su entorno ha cerrado filas para no comprometer su honradez. Nadie conoce la defensa judicial que utilizará Urdangarin cuando declare ante la Audiencia Provincial de Palma el próximo 25 de febrero. Pero no hay duda de que exculpará a su esposa. Las directrices son tan nítidas que el propio abogado del duque, Mario Pascual Vives, concluyó al ser preguntado por la cuestión: "Su alteza nada tiene que ver con este proceso legal. Y hay que intentar molestarla lo mínimo posible".

Sin embargo, es imposible blindarse contra el efecto sorpresa. El próximo 11 de febrero declarará el exsocio de Urdangarin. Diego Torres y el duque de Palma terminaron enfrentados en 2008 después de que Urdangarin le acusase de "robarle" y Torres le criticase por haber abandonado el instituto. Así que no es disparatado pensar que durante la declaración recurra a datos sensibles que puedan comprometer a la infanta –con quien compartió puestos directivos en Nóos–. Ese mismo día comparecerá Miguel Tejeiro, cuñado de Torres y asesor tributario de las entidades gestionadas por Urdangarin en su etapa más sensible.

El último revés al que se enfrenta doña Cristina es la denuncia presentada en su contra por el abogado Fernando Pamos el pasado 13 de enero ante la Fiscalía con el fin de que se esclarezca su papel en Aizoon y su responsabilidad en unas compras particulares que podrían haber sido abonadas por dicha firma. Pamos solicita al Ministerio Público que "iguale a todos los españoles" ante la ley y califica de imposible que la infanta "no estuviere al tanto de las actuaciones de su esposo (... como para acumular tanto patrimonio)".

La Casa del Rey confía en que la infanta salga ilesa, pero, por si acaso, apela a la prudencia. Su jefe, Rafael Spottorno, respondió con un misterioso "ya se ver" cuando fue preguntado por la situación en que quedaba doña Cristina cuando se apartó a Urdangarin de los actos oficiales de la Casa del Rey. El próximo 11 de febrero, la infanta estará un poco más cerca de la ‘absolución’. O muchísimo más lejos.

La infanta Cristina ganó 571.000 euros en tres años con la promotora Aizoon tras haber invertido 1.500. El incremento del valor de las acciones de la pareja consta en la declaración de la Renta de 2006 que Cristina de Borbón publicó el año siguiente, según informó El Mundo. Estos gananciales dejan a la hija del rey en una situación más delicada, porque Aizoon fue la empresa utilizada presuntamente por su marido para desviar fondos captados por Nóos.