El titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de Sevilla ha aceptado el recurso presentado por CSIF y ha acordado suspender la resolución de la Consejería de Gobernación por la que se modifica las bases del concurso de méritos del personal funcionario para esta Consejería.

Según el auto, consultado por Europa Press, el juzgado ha aceptado de esta forma el recurso presentado por CSIF contra la resolución de Gobernación del pasado 14 de noviembre, resolución en la que se revocaba parcialmente las bases del concurso de méritos convocado en marzo de 2011, y que ahora el juez acuerda suspender.

El auto apunta que contra esta resolución judicial cabe recurso de apelación que se deberá interponer ante este mismo juzgado, y del que conocerá, en su caso, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El sindicato CSIF, en una nota, ha destacado que esta suspensión "obviamente afecta a los participantes del resto de consejerías y delegaciones provinciales".

De esta forma, CSIF-A destaca que ha logrado un "éxito rotundo" al "tumbar" en los juzgados la orden de la Junta de Andalucía por la que se decretaba la rebaremación del concurso de méritos, una vez que el proceso ya estaba prácticamente concluido, motivo por el cual este sindicato se manifestó públicamente en contra y anunció que ejercería, a través de su asesoría jurídica, todas las medidas legales que estuviesen en su mano y que ahora han tenido sus consecuencias.

Para CSIF-A "es un hecho relevante y de mucha importancia para la función pública que la Justicia haya suspendido las bases revocadoras del concurso y nos haya dado la razón ante una situación de injusticia para con los más de 12.000 afectados por esta rebaremación, a todas luces ilegal y atemporal, y que veían cómo las reglas del juego cambiaban cuando ya estaban a punto de salir los listados definitivos de adjudicación del mismo".

Así, para la presidenta del sector de Administración General de la Junta de Andalucía de CSIF-A, Alicia Martos, se ha comprobado "cómo la Administración actúa de forma interesada, sectaria e ilegal para con sus funcionarios, por eso hemos emprendido medidas legales contra esta rebaremación, logrando que la Justicia ponga a cada uno en su sitio; esto es un éxito de la asesoría jurídica de CSIF-A y para todos los empleados públicos que habían visto dañados sus derechos".

Para Martos, el auto es "absolutamente clarificador" en este sentido a la hora de suspender la rebaremación, dictaminándose en el mismo que el sindicato recurrente "alega la irreparabilidad del daño que se podría ocasionar si no se suspende la resolución impugnada".

En ese sentido, el auto señala que "en efecto, hay que reconocer que si no se adopta la medida cautelar el concurso llegaría a su fin y se adjudicarían las plazas, dejando fuera del mismo aquellos que no participaron, pero que lo hubieran hecho conforme a las modificaciones realizadas por la Administración con posterioridad, son estos terceros interesados los principales interesados que se verían gravemente afectados en sus intereses y que se hubieran visto garantizados si se concediera una reapertura del plazo para presentar las solicitudes, así como aquellos que participaron en la confianza de la baremación de las bases iniciales y que participaron en el concurso".