El juez Baltasar Garzón volverá a sentarse este martes en el banquillo del Tribunal Supremo acusado nuevamente de un delito de prevaricación, en esta ocasión por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.

Solo cinco días después de que quedara visto para sentencia el juicio por ordenar la intervención de las comunicaciones entre varios de los imputados en el 'caso Gürtel' en prisión y sus abogados, Garzón se enfrenta a una petición de 20 años de inhabilitación formulada por la acusación popular, que ejercen conjuntamente el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.

Manos Limpias, sin representación en ningún centro de trabajo, tiene como secretario general a Miguel Bernad,exdirigente de la formación ultraderechista Fuerza Nueva, mientras que Libertad e Identidad se define en su página web como "un grupo de ciudadanos de todos los rincones de la geografía española" que reclaman "un modelo moral más sólido" y el "redescubrimiento" de la nación española.

La causa llegó a contar con una tercera acusación, ejercida por Falange Española de las JONS, que se querelló contra el juez por considerar que la investigación abierta por este "perjudicó significativamente la imagen del partido" y que luego fue expulsada del procedimiento por no subsanar a tiempo los defectos formales advertidos por el instructor en su escrito de acusación.

Frente a las acusaciones, tanto la defensa de Garzón -que estará representado por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda- como la Fiscalía pedirán la absolución del acusado, al considerar que no cometió delito alguno.

El 16 de octubre de 2008, Baltasar Garzón, entonces al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, se declaró competente para investigar las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo y autorizó la apertura de 19 fosas en toda España, entre ellas la que se creía albergaba los restos de Federico García Lorca.

En el auto, el juez apuntaba como responsables de los hechos a 35 altos cargos del régimen franquista, incluido el dictador Francisco Franco, cuyo certificado de defunción solicitó a efectos de declarar la extinción de la responsabilidad penal.

La Fiscalía recurrió la decisión de Garzón y, el 28 de noviembre de 2008, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó, por catorce votos contra tres, declarar que Garzón carecía de competencia para asumir esa investigación y que debían ser los Juzgados de cada demarcación los que decidieran sobre la apertura de las fosas.

La plataforma "Solidarios con Garzón" ha vuelto a convocar este martes una concentración frente al Supremo a las 10 de la mañana, media hora antes de que comience la vista, y por la tarde trasladarán a la madrileña puerta del Sol su protesta para denunciar lo que consideran una "persecución política".

Representantes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch van asistir como "observadores" al juicio porque creen que la decisión del Supremo incidirá sobre otros procesos relacionados con la persecución de delitos de jurisdicción universal, en la que España fue pionera gracias a Garzón.

El 27 de mayo de 2009, el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella por prevaricación presentada contra el juez por Manos Limpias y designó instructor de la causa a uno de los más destacados representantes del ala progresista de la judicatura española, Luciano Varela, que un año después, el 12 de mayo de 2010, abrió juicio oral a Garzón.

En sus resoluciones, Varela sostiene que el juez "era consciente de que carecía de competencia" para investigar los crímenes del franquismo y de que "no existían hechos con relevancia penal" que justificaran la apertura de la causa, y le acusa de ignorar deliberadamente la Ley de Amnistía de 1977.

La sesión inicial del juicio que comenzará el próximo martes estará dedicada a la exposición de las cuestiones previas que aleguen las partes, y no será hasta el martes siguiente, día 31, cuando tenga lugar el interrogatorio del acusado.

Los días 1, 2, 6, 7, 8 y 9 de febrero han sido reservados para la declaración de la veintena de testigos propuestos por la defensa de Garzón, la mayoría de ellos representantes de asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica.

Por último, el 13 de febrero se practicará la prueba documental, las partes expondrán sus conclusiones y leerán sus informes finales y Garzón podrá hacer uso de su derecho a la última palabra antes de que el juicio quede visto para sentencia.

La vista, a la que asistirán varios observadores internacionales de organizaciones defensoras de los derechos humanos, se celebrará en el salón de plenos del Supremo, donde se ha reservado un centenar de plazas para el público.