El grupo de IU en el Ayuntamiento de Málaga demandará al equipo de gobierno del PP que elabore un informe sobre el impacto y las repercusiones que la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) acordada por el Gobierno de Mariano Rajoy para reducir el déficit público tendrá sobre la economía de los malagueños.

Así lo expresará el portavoz municipal de Izquierda Unida, Pedro Moreno Brenes, en la Comisión de Pleno de Economía, Turismo, Promoción Empresarial y Empleo de este lunes, en la que presentará una moción en este sentido.

Moreno Brenes ha llamado la atención sobre el hecho de que los ciudadanos que poseen algún tipo de inmueble dentro del término municipal malagueño "se han encontrado en menos de un mes con que la carga impositiva que tienen que soportar se ha multiplicado por varias vías".

Y es que a la subida del IBI planteada por el equipo de gobierno en el Consistorio malagueño para este año de un 3,2 por ciento, correspondiente a la actualización del IPC, hay que sumar en el caso de la mitad del censo de viviendas de la capital, en torno a 140.000 —las de mayor valor, según señaló en su momento el alcalde, Francisco de la Torre—, y el cien por cien de los locales, el cuatro por ciento acordado por el Gobierno para 2012 y 2013. En total, un 7,2 por ciento.

"Esta situación supera los límites de lo asumible", ha manifestado a Europa Press el concejal de la coalición de izquierdas, quien ha considerado "un desatino esta política impositiva, que castiga por igual a todas las economías familiares y a las empresas, independientemente de su situación o de la renta que perciban, incluso, a quienes están en desempleo".

Ha incidido en las dificultades por las que están pasando los malagueños para poder mantener sus viviendas en este contexto de crisis económica, desempleo y precariedad laboral y prueba de ello es, según ha argumentado, el dato de que Málaga es la tercera provincia, desde la perspectiva de población, en número de ejecuciones hipotecarias, realizándose un embargo por cada 810 habitantes.

Por ello, Moreno Brenes ha subrayado que "este contexto hace saltar las alarmas respecto a las consecuencias reales que podría tener la aplicación de estas subidas sobre la economía de la ciudadanía malagueña, consecuencias a las que el Ayuntamiento debe anticiparse".

El grupo del PSOE, por su parte, también ha sido muy crítico con estas medidas y ya anunció que solicitará en la Comisión de Economía que el equipo de gobierno elimine la subida del IBI prevista de un 3,2 por ciento para "amortiguar" así el incremento del recibo con el aumento del cuatro por ciento impuesto por el Ejecutivo central.

El alcalde de Málaga ya adelantó su compromiso de destinar ese cuatro por ciento aprobado por el Gobierno central a un fondo para impulsar actuaciones sociales y de fomento de las políticas de empleo. Su previsión era contar con unos tres millones de euros.

Tras este anuncio, el grupo socialista indicó que pedirá este lunes acometer las modificaciones presupuestarias necesarias para que el dinero recaudado con el IBI se destine efectivamente a políticas sociales y de fomento de empleo.

Ley de dependencia y reforma laboral

Por otra parte, IU instará al Ayuntamiento en el próximo pleno que exija al Gobierno central que "dé marcha atrás" en la paralización hasta 2013 de la entrada en el Sistema Nacional de Dependencia de las personas de grado I, nivel 2, lo que en la provincia de Málaga afectará a más de 7.000 dependientes moderados, de los que unos 2.500 se localizan en la capital.

El edil de Izquierda Unida, que ha reclamado al Ejecutivo el dinero necesario para que esta normativa pueda desarrollarse plenamente, ha señalado, al respecto, que el Pleno del Consistorio de Málaga ya ha demostrado su apoyo a la Ley de Dependencia en varias ocasiones; de hecho, hace menos de un mes instó al Gobierno a mantener su financiación, por lo que, "siendo coherentes, este Ayuntamiento debería erigirse en defensor de estas miles de familias malagueñas a las que se les ha retirado su derecho".

En cuanto a la reforma laboral, Moreno Brenes ha demandado que "se mantenga vivo el diálogo social entre patronal y sindicatos" y el Ejecutivo se abstenga de actuar "por decreto", ya que, a su juicio, sería "un mal camino, como lo demuestra el fracaso de la que realizó en 2010 el Gobierno socialista".

Ante esto, ha propuesto al equipo de gobierno municipal que acometa un estudio sobre la evolución del mercado laboral en Málaga para conocer de primera mano las consecuencias de las reformas que se han realizado en este sentido en los últimos años.