Las comunidades autónomas tendrán que remitir trimestralmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas información de la evolución de la tesorería y de los saldos pendientes de pago a proveedores, así como información de la ejecución de los planes de reestructuración del sector público, según lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Así consta en el informe que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros, el primero tras la reunión del CPFF en la que las comunidades autónomas dieron el visto bueno a las líneas generales que planteó el Gobierno sobre la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria y los cambios de la Ley de Transparencia.

Las comunidades también tendrán que remitir puntualmente la información que resulte necesaria para dar cumplimiento a la normativa de la Unión Europea y acompañarán sus presupuestos de la información precisa para establecer la equivalencia entre el presupuesto y el déficit o superávit en términos de contabilidad nacional.

Además, los presupuestos recogerán información sobre necesidad de endeudamiento, inversiones de las empresas públicas, datos de evolución de la deuda pública, avales otorgados y obligaciones no imputadas al presupuesto y compromisos de gasto derivados de la utilización de fórmulas de pago aplazado.

Estas son algunas de las novedades que incluirá el Ejecutivo en la Ley de Transparencia, con el objetivo de mejorar la información que recibe el Estado de las comunidades y determinar así si pueden acogerse a las diversas medidas que implementará el Gobierno para mejorar la liquidez de los territorios.