El Ejecutivo establecerá una serie de obligaciones legales a los gestores públicos para poder sancionarlos penalmente si incurren en una falta de "dolo acreditado" o tienen "gran culpa" en el incumplimiento de sus presupuestos económicos regionales o en el de los objetivos de déficit público establecidos.

Durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la nueva Ley de Transparencia acordada en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera determinará un conjunto de obligaciones legales de los gestores públicos para poder establecer posteriormente un régimen de infracciones y sanciones.

Las sanciones penales no significan necesariamente penas de cárcel. La vicepresidenta ha recordado que el castigo penal también puede consistir en penas de inhabilitación para ejercer un cargo público. En todo caso, estos castigos deberán establecerse mediante la reforma de las leyes penales.

"Habrá una Ley de buen gobierno", ha dicho la vicepresidenta, que ha explicado que una vez fijadas las obligaciones legales de los gestores que guiarán la elaboración de sus presupuestos, techos de gasto y objetivo de déficit, se revisará el régimen sancionador.

Ha añadido que habrá que establecer para los casos de dolo acreditado o gran culpa "una reacción desde el punto de vista penal".

"Hoy por hoy existe una responsabilidad de los gestores públicos que se determina en infracciones en el ámbito administrativo y contable y el más grave conlleva una sanción penal", ha puntualizado, aunque ha dicho que para que haya sanciones de una u otra naturaleza hay que establecer primero las obligaciones legales de cada gestor público.

La polémica sobre la posibilidad de castigar penalmente a los gestores públicos que incumplan con el presupuesto ha generado una gran polémica durante esta semana. El miércoles pasado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo en declaraciones a la Cadena Ser que el Ejecutivo va a impulsar una reforma para que se pueda exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que incumplan los presupuestos.

La propuesta generó inmediatamente declaraciones en pro y en contra. Expertos consultados por 20minutos.es señalaron que la propuesta del ministro implicaría la creación de un nuevo tipo penal, ya que si bien el código ya castiga conductas como el fraude y la falsificación de cuentas públicas, no prevé castigar el incumplir con los presupuestos.