El abandono del Gobierno autonómico por parte del consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, ha obligado a la Comunidad Autónoma a desconvocar la Mesa General de Función Pública, en la que los sindicatos CCOO, UGT, CSI-CSIF y CESM tenían previsto negociar las condiciones laborales de los empleados públicos con la Administración regional.

Así lo ha hecho saber el director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, Amador López, quien se ha comprometido con los sindicatos a convocar lo antes posible la Mesa, que tenía previsto reunirse este viernes por primera vez después de un año y medio sin celebrarse, desde julio de 2010, antes incluso de publicar Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, denominada Ley del 'Tijeretazo' por los sindicatos.

En cualquier caso, Amador ha mostrado a los sindicatos su intención de mandarles la Ley de Función Pública Regional que desarrolla el Estatuto básico del Empleado Público, antes de convocar la Mesa la próxima vez, ya que la Comunidad tiene interés en que estas organizaciones hagan sus aportaciones y enriquezcan el documento.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo regional, José Ballesta, ha ratificado que en esta Mesa se tratarán "diversos asuntos, ya que hay una agenda importante".

Así, ha adelantado que habrá un primer contacto pero adelantar asuntos como los horarios, acciones sociales, planes de pensiones, el absentismo laboral, la redistribución de efectivos que está en marcha y, en definitiva, "todas las cuestiones que afectan a la Administración regional".

La intención de la Comunidad es tratar estos asuntos con los representantes sindicales para "conseguir llegar a los máximos acuerdos posibles". Así, ha ratificado que la Mesa General "posteriormente tendrá su continuidad en cada una de las mesas sectoriales".

Reacción de los sindicatos

Los sindicatos han acudido puntualmente a la cita, convocada a las 12.30 horas, pero una vez en el lugar se les ha anunciado la suspensión, por lo que alguno de ellos ha mostrado visiblemente su enfado.

En declaraciones a los medios de comunicación, el coordinador del Área Pública de CCOO de la Región, Pedro Manuel Vicente, ha mostrado su enfado por la suspensión de la Mesa, un anuncio que ha considerado "incomprensible" teniendo en cuenta que estaba convocada desde el pasado 16 de enero.

Por lo tanto, ha criticado que el Gobierno regional "no respeta a los más de 55.000 empleados públicos, y tiene sobresaliente en la improvisación porque, si desde hace una semana estaba prevista la celebración de la Mesa, es incomprensible su cancelación sin dar ninguna explicación".

Respecto al abandono del consejero Salvador Marín, Vicente ha señalado que los nombramientos del Consejo de Gobierno "deben de tener una perspectiva de medio plazo, máxime en un escenario de crisis". Por ello, ha reprochado que cambiar de responsable de Economía y Hacienda cada seis meses "no es lo más aconsejable".

En cualquier caso, ha señalado que es el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, el que debe liderar las medidas a adoptar en la salida de la crisis. Así, ha recordado que CCOO propone desde hace mucho tiempo que "hay alternativas a la salida de la crisis diferentes al recorte del bienestar social".

Al ser preguntado por la posibilidad de que el actual presidente de la comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto en la Asamblea Regional, Juan Bernal, sustituya a Marín y la influencia que esto tendría en la Mesa de Función Pública, Vicente ha dicho que se trata de una persona con experiencia como consejero.

De todas formas, se ha mostrado a la expectativa de "ver qué políticas decide adoptar", pero ya ha anunciado que "tendremos un problema" si son políticas "netamente neoliberales de privatizaciones de servicios públicos y de deterioro del Estado del Bienestar y su único objetivo es reducir el déficit público".

Por lo tanto, ha animado a Valcárcel a convocar la Mesa de Función Pública "lo antes posible" porque CCOO "tiene propuestas que van a favorecer la salida de la crisis y no van a profundizar en la misma". A su juicio, hay fórmulas diferentes como "el impuesto del patrimonio, que se podría poner en marcha, y hay economía sumergida que debemos afrontar cuanto antes".

Concretamente, ha indicado que CCOO mantiene la misma propuesta que hace un año, y es que "no se pueden suscribir acuerdos que supongan destrucción de empleo y deterioro de la calidad del sistema público regional, de los servicios que se prestan y destrucción de empleo".

Por su parte, el portavoz de FSP-UGT, José López, ha considerado que la Mesa General "que tanto tiempo esperábamos" podía haberse celebrado "a pesar de la ausencia de Marín". En este sentido, ha dicho no atreverse a valorar la figura del consejero por no tener criterios objetivos para ello, pero se ha felicitado por que haya un murciano en el Gobierno central y ha esperado "que lo haga bien".

Al respecto, López ha mostrado su esperanza en que la Comunidad "resuelva todo cuanto antes" y convoque la Mesa porque UGT tiene pendientes de negociar cuestiones y dilucidar si los empleados públicos "van a recuperar las condiciones de 31 de diciembre de 2010 u otra cosa".

Así, ha asegurado que la línea roja de UGT es "recuperar claramente la jornada laboral de 2010 y las condiciones de trabajo que había a 31 de diciembre de 2010".

Por el contrario, se ha mostrado abierto a negociar y valorar "el concurso general de traslados, antes de hablar de cualquier tipo de redistribución de efectivos". Asimismo, se ha mostrado abierto a negociar "algún tipo de medidas que pueda ayudar a superar la crisis", aunque estima que "ya se ha cargado demasiado sobre los empleados públicos".

Por último, el presidente del Sindicato Médico de la Región de Murcia (CESM), Francisco Miralles, ha felicitado a Marín y ha mostrado su esperanza de que su nueva ocupación "sea bueno para la Región de Murcia". Y es que ha valorado positivamente que haya representantes de la Región en el Gobierno central, máxime "con la sensibilidad que tiene Marín con los aspectos económicos".

Respecto a las repercusiones de esta retirada, Miralles ha señalado que "hay prisa, ya que todos los trabajadores de la Comunidad Autónoma esperamos con ansia la Mesa y esto puede suponer un retraso". Por ello, ha esperado que el Gobierno "tome las medidas lo más rápidamente posible y retomemos la negociación".

CESM opina que "ya han habido suficientes recortes salariales", y el último "lo ha hecho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la subida del IRPF". Por tanto, dice esperar que "en ningún caso se plantee ninguna medida que suponga la reducción del sueldo de ningún trabajador".

También ha considerado "improcedente" la prórroga de la Ley de Medidas Extraordinarias, ya que en su opinión "tenía que haberse acabado el 31 de diciembre". A partir de ahí, CESM espera que "fuera cierto que la Ley tenía vigencia hasta el pasado 31 de diciembre" y que las medidas tengan "efecto retroactivo a 1 de enero".

Asimismo, ha considerado "absurdo" plantear la jubilación de médicos a los 65 años "cuando faltan médicos y no los hay en el paro para contratar". Por eso, ha considerado que en su profesión, la prórroga es "obligatoria" hasta los 70 "porque no hay quien no sustituya".

En lo que respecta a la jornada, se ha mostrado abierto a hablar "porque estamos en una situación de crisis donde probablemente, la productividad de todos debe tenerse en cuenta". No obstante, ha indicado que CESM no admitiría la vuelta a las 37 horas de jornada si supone "despidos o disminución de salarios".