El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este viernes que recurrirá inicialmente a la vía del acuerdo con Cajasol-Banca Cívica, promotora del rascacielos de la Isla de la Cartuja a través de la sociedad Puerto Triana, a la que reclamará "encarecidamente" la paralización de los trabajos en altura de la nueva torre, después de que el informe elaborado tras la misión desplegada en Sevilla el pasado mes de noviembre por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco) aconsejase "parar la construcción" de la misma y "revisar su altura".

En este sentido, según ha expuesto en rueda de prensa el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez (PP), se buscará una paralización "conveniada" y "consensuada" con Cajasol con el objeto último de modificar el proyecto y, en todo caso, rebajar la altura de la construcción. De no prosperar un acuerdo, el Consistorio ha mostrado su predisposición a iniciar medidas cautelares que desemboquen en la suspensión de los trabajos.

En concreto, la Unesco, que el próximo mes de junio debatirá tal documento en la XXXVI sesión de su Comité de Patrimonio Mundial, concluye que la torre promovida por la sociedad Puerto Triana en el sector Sur de la Cartuja "tiene un excesivo e indudable impacto negativo en el territorio de transición y la percepción" de los tres monumentos hispalenses declarados Patrimonio de la Humanidad. A tal efecto, este informe señala que las autoridades "deben encontrar formas de parar la construcción y revisar el proyecto (...), estudiando la modificación de su escala y altura".

Tras tener conocimiento de los contenidos del informe, el Consistorio, según Vílchez, ha contactado tanto con la promotora de la torre como con la Junta de Andalucía y la administración central, para pedir "colaboración" y que se facilite el acuerdo que se quiere alcanzar con Cajasol.

Y es que el informe deja de manifiesto "de manera clara e indubitada" que la torre afecta de manera negativa a los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, cuya puesta en peligro el Ayuntamiento no está dispuesto a afrontar. De ahí que la corporación local se haya apresurado a convocar un encuentro con la entidad financiera para tratar de llegar a un consenso sobre la altura que debe tener el rascacielos para no contar con un impacto negativo; sobre la posible cota límite, Vílchez no ha querido pronunciarse y se ha remitido a un estudio más en profundidad de las conclusiones de Icomos Internacional al respecto.

"Creemos que Cajasol querrá llegar a un acuerdo", ha resumido el edil de Urbanismo respecto a su convencimiento de que la promotora de la Torre Pelli no querrá contribuir a que "se llegue a la declaración final de que Sevilla pone en peligro sus bienes Patrimonio de la Humanidad", lo que sería "un enorme desprestigio para la ciudad" e influiría de manera negativa tanto en el ámbito paisajístico como económico y turístico, donde el impacto sería "desastroso".

La altura de la giralda podría ser "una referencia"

De esta manera, en el ámbito administrativo que prevé la normativa, el Ayuntamiento dará traslado a Cajasol de las conclusiones del informe y abrirá un trámite de audiencia para recepcionar las posibles alegaciones de la entidad en relación a la obra, cuya suspensión reclamarán en lo que respecta a los trabajos en altura —que hoy día prosiguen y alcanzan los 63 metros de altura, hasta la planta 18, de los 178 totales del actual proyecto—, aunque no así en lo relativo al resto de la obra, lo que permitiría mantener el empleo.

Vílchez ha asegurado que "vamos a hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo con Cajasol" —si no se llega, "lógicamente deberían hacerse otras consideraciones"— y ha establecido la "línea roja" en aquella altura que suponga poner en peligro el marchamo de Patrimonio de la Humanidad de los conjuntos monumentales de la Catedral, los Reales Alcázares y el Archivo de Indias. Aunque en el informe del organismo asesor de la Unesco no se alude a altura concreta alguna, "se reconoce nuestra autonomía", según Vílchez, que ha apuntado que la altura de la Giralda (98 metros) podría ser "una referencia".

Por todo ello, el Consistorio estaría dispuesto, en última instancia, a actuar de manera cautelar para que no se produzca "un daño irreversible", ha añadido el concejal de Urbanismo, recalcando que se pretende "escuchar a todas las partes" y llevar el asunto a Pleno para conocer el posicionamiento de los grupos políticos.

Defensa del interés general frente al particular

Por lo demás, el edil popular ha recordado que el Ayuntamiento ya le concedió importancia en su momento a lo que sería el dictamen hecho público en las últimas horas y que el Ayuntamiento se basará para sus requerimientos en la defensa del interés general frente a intereses particulares, "algo perfectamente recogido en Derecho". En este sentido, el Consistorio —que incide en que la administración anterior no informó a la Unesco— presentará antes del 1 de febrero su propio informe al organismo internacional, en el que no se alegará, sino que se recogerá el estado de las negociaciones con la entidad promotora.

Por último, Vílchez —que ha indicado que con este informe no se podrían solicitar otras declaraciones de Patrimonio de la Humanidad como la Feria, la Semana Santa o la Torre del Oro— no ha concretado si deberá acometerse el pago de alguna compensación o si se acatarán las otras recomendaciones relacionadas con el exceso de turistas en monumentos como el Real Alcázar, remitiendo al respecto a un estudio "pormenorizado" del documento.