El anteproyecto de Ley de Transparencia que ha elaborado el Gobierno de Navarra establecerá que sean públicas las retribuciones de los miembros del Ejecutivo y altos cargos, sin dietas, "que son producto del pasado", y regulará las cesantías para que quienes sean funcionarios o parlamentarios no las cobren.

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Roberto Jiménez, ha presentado el anteproyecto de ley, que ha calificado de "valiente, ambicioso e innovador", y que espera que llegue al Parlamento foral a finales de febrero. Se someterá ahora a un proceso de exposición pública.

Ha precisado, en relación con las cesantías, que quienes, tras ocupar un cargo con este derecho, no las cobrarán si son funcionarios o pasan a ocupar escaño en el Parlamento. Quien se incorpore, con carácter inmediato, a trabajar a la actividad privada podrá cobrar la "diferencia" entre lo que gana y lo que sería la cesantía durante el periodo de dos años.

En cuanto a las dietas, Roberto Jiménez ha señalado que no se cobrarán, "son producto del pasado", y "nos obligamos a que las retribuciones sean públicas y notorias". "También se reflejan los bienes, pero con unas garantías de seguridad", ha dicho.

Cambio "radical"

Según ha dicho, cambiará "radicalmente" las relaciones entre la Administración y los ciudadanos. "Tiene mucho trabajo por detrás y nos hemos asesorado con los mejores a nivel nacional e internacional", ha indicado, para añadir que "da respuesta a la demanda ciudadana de transparencia y participación".

Jiménez ha mostrado su interés en que esta ley se apruebe en la Cámara por "unanimidad". "La mano del Gobierno está tendida para alcanzar ese acuerdo porque queremos que sea una ley de todos, de referencia de la Comunidad hacia el exterior", ha dicho.

La ley se basa, ha dicho Jiménez, en tres pilares. Se ha referido así a la transparencia en la actividad de la Administración, "que tiene que ser una oficina de cristal". Se trata de "instaurar una nueva cultura de trabajo, enfocada hacia el ciudadano, que puede observar en todo momento lo que hace la Administración por él".

El segundo pilar, ha expuesto, es el "derecho del ciudadano a la información pública". El texto legislativo diferencia entre publicidad activa, que es la que el Gobierno estará obligado a poner a disposición del ciudadano como Presupuestos, gastos en campañas institucionales, retribuciones de miembros del Gobierno, altos cargos, etc..., y la información no sujeta a publicidad actividad. "Esta puede ser reclamada por los ciudadanos y la Administración podrá facilitarla, con la limitación de la Ley de Protección de Datos", ha apuntado.

El tercer pilar es la participación y colaboración ciudadana. "Regulamos instrumentos para que los ciudadanos puedan participar activamente en la toma de decisiones de la Administración", ha indicado, para señalar que en esta campo se da importancia a las nuevas tecnologías.

En este sentido, Jiménez ha destacado, por ejemplo, el derecho de los ciudadanos a proponer una ley o iniciativa, "para lo que se requiere presentar 2.000 firmas y la motivación". "El Gobierno tendrá la obligación de contestar", ha detallado.

El vicepresidente ha manifestado, además, que se regula la ética en la acción del Gobierno. Se establece la publicidad en las retribuciones y en los bienes de los miembros del Gobierno y altos cargos, así como de las cesantías.

Igualmente, se regulan garantías administrativas, judiciales y extrajudiciales, para "salvaguarda de estos derechos que le damos a los ciudadanos". Y, en las disposiciones, se recoge la reforma de la ley foral de Administración Local, el uso del vascuence en relación con el derecho a la información, y la modificación de la ley foral de incompatabilidades de los altos cargos.