Las comunidades autónomas se han comprometido con el Ministerio de Hacienda a liquidar, antes del 31 de diciembre de este año, alrededor de 400 empresas, organismos autónomos o fundaciones del sector público.

Estas entidades están incluidas en el acuerdo marco 2010-2013 que aprobó el Consejo de Política Fiscal de marzo de 2010: entonces se acordó eliminar, en total, 514 entidades dependientes, un 21,1% del inventario que constaba a 1 de julio de 2010 y cuya cifra ascendía a 2.431 entes. En un año la disminución neta -computando altas y bajas- ha sido solo de 69, el 13,4% de la reducción total prevista.

Por eso, esta semana el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha trasladado un mensaje de urgencia a los gobiernos autonómicos para avanzar en la reestructuración, que supondrá también la creación de 81 nuevos entes como consecuencia de la fusión y transformación de otros.

Beteta ha logrado que las regiones se comprometan "notarialmente" y ha dicho que el Ejecutivo analizará la deuda que tiene cada empresa. Por el momento, hasta donde tiene datos el Gobierno -julio de 2011- ha habido 100 bajas y 31 altas. Desde entonces y hasta enero de 2012, el número puede haber sufrido una ligera variación, aunque la cifra que maneja Beteta es de 400 entidades a suprimir.

El informe sobre la reordenación del sector público autonómico que hizo Hacienda en julio de 2011 analiza los planes de ordenación y eficiencia que se pidieron a las regiones, aunque no incluye al País Vasco, comunidad sobre la que no hay información en el inventario de empresas; tampoco están Ceuta y Melilla. La Rioja no tiene prevista ninguna baja en el plan y Andalucía lidera el ranking, ya que debe reducir 111 entes.

El inventario tipifica las entidades en las siguientes 12 categorías, que acompañamos de un ejemplo para su comprensión:

Administración general (las 18 administraciones); Organismos autónomos administrativos (por ejemplo, la Agencia Navarra para la Dependencia); Organismos autónomos comerciales (Instituto Valenciano de la Juventud); Organismos autónomos (Orquesta Sinfónica del Principado Asturias); Entidades públicas empresariales (Agencia Andaluza del Conocimiento); Entes públicos (Agència Tributària de les Illes Balears); Agencias (Agencia Cántabra de Consumo); Consorcios (Autoritat del Transport Metropolità); Fundaciones (Fundación Galega para a Prevención de Riscos Laborais); Otras instituciones sin ánimo de lucro (Feria de Zaragoza); Sociedades mercantiles (Sociedad Pública Turismo Madrid, S.A.); y Universidades (Universidad Politécnica de Cartagena).

El 55,2% de las entidades del inventario son consorcios y sociedades mercantiles. Las entidades que van a verse más afectadas por la reestructuración del sector público son, precisamente, los consorcios: se eliminarán 226 en total, un 35,5% de los que existen; suponen un 43,9% del total de los 514 entes a suprimir.

Le siguen las sociedades mercantiles (158), fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro (94) y, por último, 36 entes en total entre Organismos Autónomos, Entes Públicos y Entidades Públicas Empresariales.

Por tipo de actividades que desarrollan estos entes, los que se ocupan de administración pública y defensa y seguridad social obligatoria van llevarse la peor parte: suponen un 29,6% del total; los que llevan a cabo actividades sanitarias y de servicios sociales, un 14%; los que realizan actividades de construcción, un 7,8%, lo mismo que los que se ocupan de actividades profesionales, científicas y técnicas.

Las entidades que se dedican a actividades administrativas y servicios auxiliares suponen un 7,3% de la reestructuración; las que se ocupan de actividades artísticas, recreativas y entretenimiento, un 5%; les siguen los entes de suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, con un porcentaje del 3,9%; en el apartado de "otros servicios" hay un 11,7% de entidades afectadas.

En el 12,9% restante se incluyen entidades relacionadas con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería; información y comunicaciones; actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; y educación.

Andalucía. Reducción neta: 111 entes. De 377 a 266. La cifra es el resultado de la eliminación de 120 entes y la creación de 9. A 1 de julio de 2011, la reducción neta era solo de cinco. En cuanto a las actividades, la administración pública y defensa y seguridad social obligatoria suponen un 49,6% del total a eliminar. 96 de las entidades a suprimir son los consorcios de unidades territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico.

Aragón. Reducción neta: 16. De 109 a 93. Son 22 bajas y 6 altas. Esto no incluye las entidades en las que la administración tiene una participación minoritaria. En este caso, solo van a verse afectadas las sociedades mercantiles y las fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro, y todas desaparecerán en 2012. El 28% de la reestructuración afectará de lleno a entes que desempeñan actividades de educación, hostelería, información y comunicaciones, actividades inmobiliarias y actividades profesionales, científicas y técnicas. Entre otras entidades, se extinguirá la sociedad Promoción del Aeropuerto de Zaragoza S.A., con un capital social de 7 millones de euros.

Asturias. Reducción neta: 1. Solo una entidad quedará suprimida, quedando el total en 80. Es el Hospital del Oriente de Asturias Fundación Francisco Grande Covián, que quedaría integrado en el Servicio de Salud del Principado. Aún no se ha hecho. Al margen de eso, el Principado no ha informado ni aprobado ninguna medida concreta de reestructuración.

Islas Baleares. Reducción neta: 93. De 176 a 83. En total, 25 altas y 118 bajas. Se quedará prácticamente con la mitad de las entidades que tenía. De momento, solo se ha disminuido la cifra en seis. El informe destaca que se han sumado las medidas acordadas por los gobiernos anterior y posterior al pasado 22 de mayo, fecha de las elecciones autonómicas. Los consorcios, en este caso, son los más afectados. La actividad más perjudicada es la construcción, que supone el 21,5% del total. Entre otros, quedará suprimido el consorcio Menorca Reserva de la Biosfera.

Canarias. Reducción neta: 6. De 97 a 91. Las bajas previstas son siete, pero se ha creado una sociedad en la que participa la comunidad (Las Palmas de Gran Canaria 2016, S.A.). Las entidades más afectadas son las que realizan actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (33,3%), como la Fundación para el Conservatorio Superior de Música de Canarias. No obstante, destaca la eliminación de la Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las Drogodependencias. Ninguna supresión se había materializado en julio de 2011.

Cantabria. Reducción neta: -1. Tiene 69 entidades. No se ha previsto ningún plan de reordenación del sector público, aunque sí se espera que se proponga. La región ha aumentado en una sus entidades, como consecuencia de dos altas (un hospital y el 112 Cantabria) y una baja (Sociedad Regional Cantabria de I+D+i, que se fusiona con otra).

Castilla y León. Reducción neta: 2. Se quedará con 91, tras seis bajas -el informe dice que aún no se había producido ninguna- y cuatro altas. Las sociedades mercantiles son las más afectadas y en cuanto a la actividad, las profesionales, científicas y técnicas se llevan a peor parte (33,3%); no obstante, hay que destacar que casi todo son fusiones: por ejemplo, la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León S.A. queda absorbida por la nueva Sociedad Pública Infraestructuras de Castilla y León (INCYL).

Castilla - La Mancha. Reducción neta: 48. De 86 a 38. Con 2 altas y 50 bajas. Supone un 55,8% del total. Está incluido el Plan de Garantía de los Servicios Sociales básicos de Castilla – La Mancha, aprobado el 31 de agosto de 2011. En julio de 2011 ya se había reducido en 25 el número de entidades, así que quedaría la mitad. Las sociedades mercantiles son las más afectadas; el 21,9% de toda la reducción afecta a entidades educativas. Por ejemplo, se ha suprimido la Agencia de Calidad Universitaria.

Cataluña. Reducción neta: 67. De 456 a 389. Es la comunidad que tenía más entidades públicas en 2010. Serán 82 bajas y 15 altas. Entre otros, se han creado la Fundación Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras o el Consorcio Ópera en Cataluña. A 1 de julio de 2011, la reducción había sido solo de dos entes. Las actividades sanitarias y de servicios sociales suponen un 22,2% del total de las reducciones dentro del sector público. Por ejemplo, se suprimirá la Fundación Institut Sociofamiliar Alzheimer.

Extremadura. Reducción neta: 12. De 76 a 64, con 13 bajas y un alta. El informe destaca que las sociedades mercantiles, las únicas afectadas, disminuirán un 44,4%; y las actividades peor paradas son las profesionales, científicas y técnicas, que suponen un 47,1% del total. Todo se producirá mediante fusiones o absorciones.

Galicia. Reducción neta: 46. De 160 a 114. Supondrá un 28,8%, 8 altas, 54 bajas. El informe indica que en abril de 2010 ya se aprobó un paquete de medidas dentro del plan de racionalización del sector público de Galicia. 34 de los entes que quedarán suprimidos son fundaciones de desarrollo comarcal. A 1 de julio de 2011, solo se habían materializado 5 bajas.

Comunidad de Madrid. Reducción neta: 25. De 183 a 158. Son 26 bajas y un alta prevista. Entre otras cosas, se suprimirán cuatro entes públicos, cuatro organismos autónomos, cinco sociedades y un consorcio. Las fundaciones no quedan afectadas. Casi la mitad de la reducción ya se había llevado a cabo en julio de 2011. La reducción en actividades de administración pública y defensa y seguridad social obligatoria supondrá el 25,7% del total. Ya se han eliminado, entre otros, el Consejo de la Mujer y el Consejo de Juventud de la Comunidad y las sociedades Mercado Puerta de Toledo, S.A. y Campus de la Justicia de Madrid, S.A., que contaba con un capital social de 69.482.000 millones de euros.

Murcia. Reducción neta: 49. De 103 a 54. No se creará ningún ente, todo serán bajas y la mayoría de ellas de consorcios. Las actividades administrativas y servicios auxiliares suponen un 32,1% de la reestructuración. Entre otros, se eliminarán la sociedad de Televisión Autónomica de Murcia, S.A.U., el Consorcio Turístico Sierra Minera y la Fundación Amigos del Casino de Murcia.

Navarra. Reducción neta: 26. De 101 a 75. Se crearán 4 entes y habrá 30 bajas. La reestructuración en esta comunidad se basa en el Plan elaborado por

la Corporación Pública Empresarial de Navarra S.L.U. (CEPN), solo afecta a sociedades mercantiles y se está llevando a cabo mediante fusiones. Aun así, desaparecen como tales las sociedades Planetario de Pamplona, S.A. o Agencia Navarra Innovación y Tecnología, S.A., entre otras.

País Vasco. Según el informe, no ofrece información sobre sus entidades dependientes. No obstante, sí se han producido altas y reducciones, como la extinción de tres sociedades públicas dependientes del Grupo SPRI y algunas fusiones.

La Rioja. Tiene 33 entidades públicas. No hay prevista ninguna supresión.

Comunitat Valenciana. Reducción neta: 14. De 160 a 146. Un 35% de los 160 entes son fundaciones. Al margen del plan, dice el informe, se ha procedido a la extinción de la Fundación de Derechos Humanos de la Comunitat Valenciana; además, se prevé la creación de la Corporación Pública Empresarial Valenciana. Se producirán 16 bajas y se crean dos entes. Las actividades profesionales, científicas y técnicas suponen un 26,7% de la reducción. Muchas de las operaciones son fusiones, como la absorción de las fundaciones Ciudad de las Artes Escénicas y Promoció de les Arts Contemporànies por parte de la Fundación de la Comunitat Valenciana de las Artes, de nueva creación.